Por: Redacción YSKL
Las organizaciones sociales y medioambientales aglutinadas en Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador expresaron este miércoles su posicionamiento ante el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía en contra de 5 líderes comunales que fueron detenidos por presuntamente haber cometido crímenes durante el pasado conflicto armado.
Según el representante legal de los imputados Dennis Stanley Muñoz, la acusación formal no tiene sustento jurídico, debido a que se ha realizado de forma arbitraria un proceso penal en el cual no se ha determinado la participación de los ahora procesados en el delito de asesinato.
“Con todos estos elementos si estamos en presencia de delitos que ya prescribieron o no, evidentemente tiene que ver también con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dio por abolida aquella ley de amnistía o auto amnistía como lo desarrolló la sentencia”, dijo la parte de la defensa.
La Fiscalía señala a Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, Fidel Dolores Recinos Alas, Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Saúl Agustín Rivas Ortega del cometimiento de Privación de Libertad y Asesinato de María Inés Alvarenga, a quien acusaban de colaborar con la Fuerza Armada, el hecho ocurrió el 22 de agosto de 1989.
En este sentido, aseguran que el caso elaborado por Ministerio Público Fiscal está sustentando en «presunciones» y no en pruebas concretas, lo que genera dudas entre las organizaciones por la fragilidad del proceso judicial en contra de los líderes comunales, dijo Alejandro Henríquez del Foro del Agua.
“Cuando les preguntan (a los fiscales del caso) qué pruebas tienen pues ellos mencionan que tienen un testimonio y que tienen la certificación de la partida de defunción de la presunta víctima (…) La fiscalía demuestra que está sustentando un caso en meras posibilidades en una cuestión que no hay una probabilidad cercana a la certeza de que hay una víctima del delito de asesinato”, mencionó.
Entre los procesados está José Edgardo Sancho Castaneda, firmante de Acuerdos de Paz, quien es uno de los ausentes en el caso.
La Fiscalía ha argumentado que los imputados se denominaban como comandantes de zona y nacionales de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la década del ochenta.
Según los datos del caso, los excombatientes irrumpieron en la vivienda de Alvarenga en el cantón Santa Marta, Cabañas, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento donde la torturaron por 15 días y posteriormente le quitaron la vida.
Denis Muñoz quien es abogado defensor de los cinco líderes capturados en la Comunidad de Santa Marta, Victoria en Cabañas dice que acusaciones son infundadas. Son acusados por la @FGR_SV de los delitos de homicidio, asociaciones ilícitas y privación de libertad. Vía @arely_yskl pic.twitter.com/52QWZCJGsL
— Radio YSKL ? ? ? (@radioyskl) January 18, 2023
