Por Redacción YSKL
El 27 de marzo del 2022 se implementó el régimen de excepción en El Salvador por primera vez, tras una ola de asesinatos que se dieron en el denominado “fin de semana negro”, en el cual se registraron más de 60 homicidios, atribuidos a agrupaciones criminales en el país.
Esto surgió como una medida de seguridad para desarticular a las pandillas, y, a un año de su implementación, actualmente, se reportan más de 65 mil detenidos, según detalló el Fiscal General, Rodolfo Delgado, a inicios del mes de marzo.
Como resultado de esta medida de seguridad, implementada por el Gabinete de Seguridad, se informó que la tasa de homicidios en el territorio salvadoreño ha disminuido, de modo que, desde la entrada en vigor del régimen hasta el 25 de marzo de este año, se contabilizan un total de 227 días sin homicidios, según las autoridades.
Cabe destacar que, como parte del Plan Control Territorial, el Gobierno ha llevado a cabo operativos para detener a presuntos miembros de agrupaciones criminales, en diversas partes del territorio salvadoreño.
A causa de esto, para poder mantener en confinamiento a los detenidos, se han modificado las sentencias de aquellas personas que sean consideradas como parte de las denominadas “maras”, así como a los supuestos colaboradores, haciendo más largos los años que se les asignan en prisión, esto al ser imputados bajo el delito de “agrupaciones ilícitas”.
Tras las constantes detenciones que se han ejecutado a lo largo del año, a causa del régimen, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha expresado en reiteradas ocasiones que con esto se ha logrado que las calles y zonas que eran consideradas como “territorios de pandillas”, ahora son seguras para los salvadoreños, lo que ha beneficiado a los comerciantes a no tener que pagar las llamadas rentas, al igual que los transportistas, así también, se ha permitido que la población pueda desplazarse sin temor a cualquier hora.
Si bien el mandatario ha destacado la importancia de esta medida dentro del Plan Control Territorial, existen organizaciones que han cuestionado su ejecución, puesto que su prorroga implica una serie de limitaciones en los derechos de la población, comprendidos en artículos de la Constitución, como el 13 inciso segundo, que consiste en la detención obligatoria por un total de 72 horas, y el artículo 12 inciso segundo, relacionado con el derecho a la defensa.
Además, las autoridades pueden realizar allanamientos e incautaciones de bienes de quienes se considere que poseen alguna vinculación con las pandillas.
Ante los presuntos casos de vulneración que se han dado por parte de las autoridades, los familiares de algunos de los detenidos han pedido en diversas ocasiones que se les permita conocer el estado en el cual se encuentran estos, puesto que una de las limitantes para quienes son trasladados a los centros penales de El Salvador, es el no tener acceso a la comunicación con sus parientes, quienes desconocen, incluso, cual centro de detención es al que han sido trasladados los presuntos miembros y colaboradores de las pandillas.
La percepción del régimen de excepción presenta opiniones divididas, y ha significado un cambio perceptible en el territorio salvadoreño, en el cual, actualmente, se encuentra en vigencia la prorroga número 12 del Estado de Excepción, y culminará hasta el 15 de abril del año en curso, aunque, cabe destacar que, algunas autoridades, como el Jefe de Fracción de Nuevas Ideas, han señalado que la medida estatal se seguirá prorrogando “las veces que sea necesario”.
