Fiscalía presenta solicitud para que la casa del expolicía Hugo Osorio pase a manos del Estado

Hugo Osorio. Foto: Archivo.
Hugo Osorio. Foto: Archivo.

Por Redacción YSKL

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud para que la propiedad en que habitaba el exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), Hugo Ernesto Osorio, pase a manos del Estado. La casa se encuentra ubicada en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana.

Actualmente, Osorio cumple una condena de 70 años en prisión por los casos de feminicidio cometidos en contra de Mirna Cruz Lima de 55 años, y Jaqueline Cristina Lima de 25, quienes compartían el parentesco de madre e hija, respectivamente.

Alrededor de las 11:00 de la noche del 7 de mayo, habitantes de la zona avisaron al sistema de emergencia 911 sobre una escena de violencia en la que un hombre golpeaba a una mujer, en el callejón Estévez de Chalchuapa, Santa Ana.

Las investigación apuntó a que Osorio perseguía a una mujer en la calle, a la cual golpeó con un tubo de metal, arrastrándola luego a una vivienda donde cerró el portón.

Al llegar los agentes de la PNC encontraron sangre en las afueras del portón, al ingresar a la propiedad, encontraron los cuerpos sin vida de dos mujeres, quienes fueron asesinadas con objetos cortopunzantes, Mirna y Cruz Lima.

El cuerpo de Jaqueline fue encontrado completamente desnudo, mientras que el de Mirna semidesnudo y con signos de violencia sexual.

Hugo Osorio estaba en la escena del crimen con sus muñecas ensangrentadas, luego que se hiciera pasar por muerto ante la llegada de los policías.

En el lugar también encontraron otros dos cadáveres del sexo masculino.

Cabe destacar que, además, el condenado posee una segunda condena, de 18 años, por el caso de violación de menor e incapaz, el cual fue cometido en junio de 2020, y por el cual se condenó a 36 años de cárcel a un segundo involucrado, Douglas Antonio Recinos.

Osorio fue destituido de su cargo policial en 2006, tras ser acusado de estupro.

El ministerio público ha solicitado al Juzgado Especializado de Extinción de Dominio que la vivienda del asesino pase a propiedad del Estado, por medio del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.