Por: Redacción YSKL
El miércoles la madre de Rodrigo Montalván, un joven de 16 años reportado como desaparecido en 2016 acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para pedir que ordene a las autoridades de seguridad, garantizar los mecanismos necesarios para que obtenga justicia.
Montalván, un joven de 16 años que cursaba sus estudios en un colegio privado de San Salvador, desapareció el 20 de febrero de 2015, período de gestión de Salvador Sánchez Cerén y en la Fiscalía, Luis Martínez.
«Espero que las autoridades puedan ayudarme, no estoy pidiendo más nada que una ayuda para que encuentren a mi hijo porque quiero cerrar este caso. Quizás como madre siento que mi hijo ya no está en este mundo, pero necesito encontrar sus restos para poder darle cristiana sepultura», mencionó Silvia Margarita Montalván, madre de Rodrigo.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que a ocho años del hecho, el Estado aún no ha esclarecido el paradero del joven. También dijeron que, a la fecha, la Fiscalía General de la República no ha dado avances en las investigaciones.
«Actualmente no existe ninguna instancia del Estado que esté ejecutando programas de atención psicosocial, específicamente para las familias; a eso sumarle que El Salvador carece de un banco nacional de datos de ADN que facilite la identificación de cuerpos que son encontrados por las autoridades en fosas clandestinas, esto impide que muchas madres como Silvia puedan ubicar los restos de sus hijos», señaló Karlin Belloso, abogada de FESPAD.
En la demanda de amparo que presentó la madre de Rodrigo y FESPAD, se reclama la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente del paradero de su hijo, por parte del ministerio público, que vulnera el derecho de acceso a la jurisdicción.
También se fundamenta en que la Asamblea Legislativa ha omitido la creación de una ley que contribuya a hacer más efectiva la ubicación e identificación de cuerpos.
Esta es la tercera demanda de amparo que se presenta por un caso de desaparición, los demandantes insisten en que hay un patrón recurrente de parte de las autoridades en que toman la denuncia y transcurrido el tiempo, no informan sobre los avances.
