Por Redacción YSKL
Los representantes de ADES Santa Marta se pronunciaron este miércoles, debido a que se les sigue negando la comunicación con los líderes comunitarios, los cuales son procesados por un caso de homicidio que habría ocurrido en 1989.
Los parientes de los detenidos indicaron que llevan siete meses encarcelados “en condiciones inhumanas y bajo reglas del régimen de excepción, aún cuando el caso no tiene relación con pandillas”.
También señalaron que los imputados no han podido contactarse con su familia desde el 18 de enero de este año, y en el caso del abogado defensor, desde el 7 de marzo.
Otro aspecto que remarcaron es la detención como medida ante el riesgo de fuga, un hecho que cuestionaron debido a la avanzada edad de los detenidos y sus “delicados estados de salud”, y remarcaron que “en todos los demás procesos relacionados a la guerra civil se mantienen a los procesados en libertad”.
Además, añadieron que este sería el único caso que se declara en reserva total.
Los familiares y los representantes de Santa Marta solicitaron a las autoridades que tomen medidas ante el caso en beneficio de los líderes comunitarios.
“Exigimos al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque no retrasar más la Audiencia Especial de Revisión de Medidas, y que revierta la detención de los líderes ambientalistas, tal como lo solicitó el pasado 16 de mayo la Relatoría Especial de Defensores de Derechos Humanos de la ONU”, dijeron los representantes.
Los imputados fueron encarcelados el pasado 11 de enero de este año, tras ser acusados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de secuestro y asesinato de María Inés Alvarenga, en la época del conflicto armado.
Según las investigaciones, el 22 de agosto de 1989, los acusados presuntamente irrumpieron en la vivienda de María Inés, la privaron de libertad y la trasladaron a un campamento guerrillero donde la torturaron y la asesinaron, en el cantón Santa Marta, ubicado en el municipio de Victoria, en Cabañas. La víctima habría sido acusada de haber colaborado con el ejército.
La Asociación y pobladores de Santa Marta rechazaron la decisión, alegando que los dos magistrados suplentes, José María Zepeda, y Fernando Pineda Pastor, desestimaron los argumentos expuestos por el magistrado propietario, Martín Rogel Zepeda, quien se apartó del caso “ilegalmente”, dejando en su lugar al segundo magistrado propietario, Santiago Alvarado Ponce.
El fallo concluyó en dos votos en contra de la implementación de medidas sustitutivas, por parte de los magistrados suplentes, y un voto a favor, por parte del propietario.
