Por: Redacción YSKL
Con 74 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este viernes revocar el fuero constitucional del parlamentario por ARENA, Alberto Romero, acusado de enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero y activos.
La parte fiscal de la Comisión de Antejuicio solicitó que se proceda a retirar el fuero del legislador, soslayando un informe de la Fiscalía General de la República, el cual refleja evidencia suficiente para proceder por los delitos mencionados.
Por su parte, el abogado defensor de Romero alegó que en el proceso civil no se tomó en cuenta el valor de su patrimonio previo a fungir como diputado, y que, en realidad, las cuentas bancarias contenían ingresos inferiores a los $700 dólares. Aún así, dijo estar sabedor de que se iba desaforar a su defensor.
El pasado 23 de agosto, la FGR presentó una solicitud para que se cree una comisión de antejuicio y el respectivo desafuero en contra del diputado de ARENA.
La investigación realizada por la Fiscalía comprende del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2022.
En el caso también son señaladas la esposa y la hija de Romero, y exempleados de la fracción de ARENA.
Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Antejuicio, la parte fiscal solicitó la presencia de seis testigos, entre ellos la esposa de Romero, Ana Lourdes de Romero, y su hija, Lourdes Romero de Marroquín. Sin embargo, se dio a conocer que solo se presentó a comparecer Ana Ortiz de Lemus, quien fungió como la asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También se tenía previsto que participaran en calidad de testigos María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa, hasta el 30 de abril de 2021; Ricardo Gutiérrez Romero, colaborador administrativo en este órgano de Estado; David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero.
Tras aprobarse una orden de apremio y la revisión de los movimientos migratorios de los cinco testigos, la Dirección General de Migración y Extranjería determinó que ninguno se encuentra en el país.
El reporte migratorio también señaló que las parientes del parlamentario salieron del país, con destino a Guatemala, el día en que se presentó la solicitud para revocar el fuero del diputado.
Según el informe fiscal, a Romero, cuya gestión como diputado comprende desde 2009 hasta la actualidad, se encontraron 21 irregularidades que habrían sido cometidas por él y dos integrantes de su grupo familiar. El monto no justificado totaliza $1,162,388 dólares.
El expediente comprende el Reporte Tributario en Sistema presentado por el Ministerio de Hacienda; y las declaraciones juradas de patrimonio de toma de posesión y cese de funciones presentadas por el diputado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Como resultado, se menciona que Romero depositó, retiró y transfirió fondos a otras personas, con el objetivo de evitar ser el único vinculado, por lo que se argumenta que se trata de un método utilizado por los criminales financieros para ocultar el rastreo de dinero que movilizan.
Entre los aspectos que detalla el escrito está la participación del personal del Grupo Parlamentario de ARENA, el cual habría realizado depósitos en efectivo a las cuentas del diputado por hasta $12,001.25 dólares, cuyo origen es desconocido.
También se dio a conocer que la cónyuge habría movilizado fuertes cantidades de dinero en efectivo depositadas en las cuentas del diputado, ante lo que se recalca que ella no cuenta con ninguna fuente de ingreso de alguna sociedad o alguna empresa en el periodo examinado.
En lo que concierne al caso de lavado de dinero, se justifica por parte de la FGR que Romero ha completado diferentes transacciones financieras en las cuales es titular de productos financieros; además, hay actividades que también involucran a terceras personas.
