Por Redacción YSKL
La organización Cristosal presentó este martes, los resultados del informe “Sociedad Civil en Alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación”, en el cual abordan casos de vulneración de derechos que han afrontado organizaciones sociales, en los ámbitos de participación, expresión y asociación.
El estudio analiza denuncias por hechos ocurridos entre el 2020 y el 2023.
Según el informe, en el cual se cuenta con las experiencias de 71 organizaciones, algunas de las afectaciones que han vivido son eliminación de espacios de participación ciudadana, obstáculos para su legalización, hostigamientos en redes sociales, censura, bloqueos, acoso policial y amenazas de cierre son algunos de los patrones identificados.
Como resultado, se determinaron una serie de “patrones muy graves, como el acoso policial”.
Entre los actos mencionados en el reporte, están el “registro arbitrario y abuso de autoridad en sedes de organizaciones y en las casas de representantes de estas, amenazando incluso con aplicar el régimen de excepción”.
También se detalla eventos como acoso y ataques en redes sociales, contra “las vocerías de estas organizaciones”.
Otro punto que se percibió en el estudio es la la eliminación de espacios de participación ciudadana en la administración pública, la negativa de acceso a la información y el retraso o impedimento en la legalización de sus entidades.
“Este último tiene un impacto significativo, ya que impide a algunas organizaciones acceder a financiamiento y proyectos de cooperación”, enfatiza el reporte.
Al respecto, expresaron su preocupación por posibles “condiciones cada vez más hostiles y complicadas”, las cuales podrían generar que las organizaciones opten por cerrar, o que se vean obligadas a abandonar el país.
“La expectativa general es que la situación empeore, especialmente después de las elecciones del próximo año”, agrega el informe.
Ante esto, las organizaciones solicitaron al Estado que “cese el acoso y bloqueo a su trabajo y establezca espacios que promuevan el diálogo y trabajo conjunto”, de manera que se les tome en cuenta como “una fuerza colectiva que promueve el desarrollo social”.
