Por: Redacción YSKL
Familiares y amigos del ex Embajador de El Salvador para los Estados Unidos, Rubén Zamora, acudieron este jueves ante la Fiscalía General de la República, para presentar una carta en la que piden sobreseerlo de una acusación por a Zamora.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera emitió una orden de captura en contra del expresidente de la República, Alfredo Crisitani, y nueve ex diputados más, entre ellos Zamora, de dar el aval para un decreto de Ley de Amnistía; el caso se refiere a la operación que devino en la Masacre de El Mozote y lugares aledaños en 1980.
Con base en la resolución, notificada este 22 de diciembre, los exfuncionarios ayudaron a los autores de la masacre a eludir a la autoridad al aprobar dicha ley en 1993.
Según su hermana Aracely, 3,169 personas de diferentes nacionalidades firmaron una carta en la que solicitan al jefe del ministerio público, Rodolfo Delgado, pedir a la jueza de la causa, Mirtala Portillo, el sobreseimiento de Zamora, puesto que él abandonó las negociaciones de los parlamentarios que firmaron el decreto de amnistía.
«La opinión favorable del Fiscal General contribuiría al sobreseimiento definitivo. Desmentimos las 4 acusaciones contra mi hermano Rubén por ser falsas, esperamos que el Fiscal sea razonable, que use el conocimiento de la ley para poner de sus buenos oficios», manifestó Aracely.
La Jueza Portillo, consignó en acta que luego de que ocurriera la masacre, los procesados “en sus calidades de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa de El Salvador», «con conocimiento de haberse perpetrado un delito y aunque sin concierto previo, ayudaron a los imputados”.
La instancia declaró que el delito de encubrimiento personal será catalogado como “de lesa humanidad”, por lo no cual no prescribirá.
Sin embargo, Aracely manifestó que Rubén, si bien era entonces vicepresidente de la Asamblea Legislativa, no votó a favor de la ley de amnistía y se opuso públicamente a la misma.
Anteriormente, Zamora había apoyado una Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que establecía una amnistía para “delitos políticos” pero excluía a quienes hubieran participado en graves violaciones de derechos humanos.
«Creo que la jueza no ha tomado en cuenta la importancia de que no esté la firma de Rubén en la ley de 1993, ella o no se asesoró o no se respaldó de documentación, pero hay documentos que rezan que se opuso férreamente, ya que había una ley de reconciliación como resultado de los Acuerdos de Paz», explicó Zamora.
Aracely Zamora, sostiene que la acusación que la jueza Mirtala Portillo de Cruz hace a su hermano es falsa. Argumenta que el delito de "Encubrimiento Personal" del cual es señalado "no existe".
Vía @sindymedina97 pic.twitter.com/Mkqde1w282— Radio YSKL ???? ???? ???? (@radioyskl) January 18, 2024
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la amplia amnistía de El Salvador incumplía con las obligaciones de este país en materia de derechos humanos. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y el entonces un juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, abrió una causa contra 18 ex comandantes del Ejército y a un ex Ministro de la Defensa por homicidio, violación sexual, desaparición forzada, tortura y otros crímenes cometidos en la masacre.
En septiembre de 2021, el juez Guzmán renunció, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó una ley que envía al retiro a jueces mayores de 60 años. Tras la renuncia de Guzmán, la Corte Suprema nombró a la jueza Portillo para continuar con la investigación. Desde entonces, las investigaciones contra los responsables de la masacre no han avanzado.
