Por Redacción YSKL
El 27 de marzo de 2022 marcó un hito en la historia de El Salvador con la implementación de un régimen de excepción, como respuesta a una ola de asesinatos conocida como el «fin de semana negro», que dejó más de 60 víctimas atribuidas a pandillas en el país. Dos años después, las autoridades afirman que más de 78,175 personas han sido detenidas en el marco de esta medida, según el reporte presentado por el Gabinete de Seguridad a la Asamblea Legislativa, a inicios de marzo de este año.
El objetivo principal del régimen fue desarticular a las pandillas, y se han observado resultados en la reducción de la tasa de homicidios, esto con base en un informe presentado por funcionarios el 3 de enero de este año, el cual señala que la tasa de homicidios ha descendido a 2.4 por cada 100 mil habitantes. Villatoro enfatizó que esto sitúa a El Salvador como el segundo país con la tasa más baja de homicidios en América y el primero en Latinoamérica.
Es importante destacar que a principios de enero de 2024, el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, mencionó que aún se busca capturar entre 18 mil y 20 mil personas relacionadas con grupos pandilleriles.
Para mantener a los detenidos bajo confinamiento, se han ajustado las sentencias, prolongando los años de prisión para aquellos considerados parte de las pandillas y acusados de «agrupaciones ilícitas».
El Presidente electo, Nayib Bukele, ha elogiado los logros de esta medida, asegurando que ha transformado áreas antes controladas por dichos grupos delictivos en lugares seguros para los salvadoreños, beneficiando a comerciantes y transportistas, y brindando seguridad a la población durante todo el día.
Sin embargo, el régimen ha generado controversia debido a las limitaciones que impone a los derechos de la población, como el derecho a la detención obligatoria por 72 horas y el derecho a la defensa, garantizados por la Constitución.
Además, las autoridades han llevado a cabo allanamientos e incautaciones de bienes de aquellos considerados vinculados a las pandillas.
Familiares de detenidos han expresado preocupación por la falta de comunicación y desconocimiento sobre el paradero de los presuntos miembros y colaboradores de pandillas trasladados a centros penales.
También cabe mencionar que se desconocen cifras oficiales recientes sobre la cantidad de personas liberadas bajo el decreto desde agosto de 2023. En ese momento, las estadísticas indicaban que alrededor de 7 mil individuos fueron puestos en libertad al no poder demostrarse su vinculación con pandillas.
La percepción sobre este régimen de excepción está dividida, y mientras la prorroga número 24 del Estado de Excepción continúa en vigor hasta el próximo 10 de abril, algunas autoridades han insinuado que se seguirá extendiendo «las veces que sea necesario», lo que indica un continuo debate sobre su efectividad y sus implicaciones en los derechos civiles.
