Por: Redacción YSKL
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador inició la audiencia de vista pública contra siete personas de nacionalidades colombiana, ecuatoriana y guatemalteca, a quienes la Fiscalía General de la República les atribuye el delito de tráfico ilícito de droga, luego que fuera detenidos en un operativo de la marina nacional en alta mar en agosto de 2022.
Según el reporte del caso, los colombianos Luis Emiro Paredes, Edward Alegría Góngora y el ecuatoriano Byron Stanley Díaz fueron capturados en aguas territoriales, con 2,290 paquetes de cocaína valorados en aproximadamente $57, 250,000, explicó el representante fiscal en el caso.
“Ellos fueron intervenidos por la Marina Nacional el día 18 y 19 de agosto del año 2022 aproximadamente a una distancia de 442 millas náuticas al sur de Punta Remedios y ellos salieron a tierra el día 26 de agosto del año 2022”, expresó el fiscal.
Dentro de la investigación también se mencionan a cuatro sujetos de origen guatemalteco a quienes las autoridades fiscales relacionan con apoyo logístico de la embarcación de bajo perfil, ya que se transportaban a bordo de una lancha con varios bidones de combustible, presuntamente para abastecer al LPV que se encontraba a pocos kilómetros de su ubicación.
Sin embargo, para el abogado particular de los señalados no existe vínculo para asociar a sus defendidos a una actividad de narcotráfico, ya que en el procedimiento no se les encontró algún tipo de droga y sólo existe una relación circunstancial.
“Definitivamente los elementos que se tienen de juicio son únicamente unas extracciones de evidencia periciales de unos GPS, a los cuales el delito dice tráfico ilícito al que se encontrare sustancias ilícitas y a mis clientes no se les ha encontrado ni un solo gramo de sustancias ilícitas”, reiteró el abogado defensor de los guatemaltecos.
En la diligencia del jueves dieron paso al testimonio de varios miembros de la Marina Nacional quienes declararon como habría sido el operativo de intercepción del aparato de transporte marítimo, abordaje, detención e incautación de la droga.
La representación fiscal considera que existen los elementos de prueba suficientes para acreditar el delito imputado a todos los involucrados, por lo que solicita al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador una condena con la pena máxima.
