Por: Redacción YSKL.
El Tribunal 1° Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió que 11 excombatientes, veteranos y líderes sociales continúen detenidos, mientras avanza el proceso penal en su contra, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de Organizaciones Terroristas y Actos Terroristas, al presuntamente planear atentados el día de la investidura presidencial.
En la audiencia especial de imposición de medidas, celebrada la tarde del viernes y que terminó en horas de la noche, el Tribunal también ordenó que se realice un reconocimiento médico a todos los imputados. En el caso de Atilio Montalvo quien se encuentra hospitalizado debido a un padecimiento renal crónico, se decretó que permanezca bajo custodia policial, indicó la miembro de la la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH) Ivania Cruz.
“Al final decretaron prisión para todas las personas, incluyendo a Atilio Montalvo sólo que su detención por el momento estará en el Seguro Social por su condición de salud. Lo que sí manifestó el Tribunal es que le mandarán a hacer un reconocimiento médico a todos y que dependiendo de la condición de salud se iba a determinar a quienes sí se le podría hacer una audiencia especial (de revisión de medidas cautelares)”, explicó la abogada defensora de dos de los involucrados.
Los acusados en el caso son identificados como: José Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, José Santos Melara, Eliseo Alvarado Guerra, Julio Alonso Dimas, José Eliseo Segura Ramírez, José Atilio Montalvo, Roberto Antonio Esquivel, Raúl Ernesto Gavidia, José Ismael Santos y Luis Rolando Alberto Menjivar.
La abogada Cruz indicó que el caso tiene reserva total a petición de la Fiscalía, quien no informó de la presentación de la solitud de imposición de medidas realizada el jueves, ni tampoco dio a conocer el resultado de la audiencia.
En la diligencia judicial estuvieron presentes únicamente dos de los imputados y se informó al tribunal que los demás acusados no fueron llevados por “problemas logísticos de traslado desde bartolinas”. Asimismo, se mencionó que en el caso se encuentran involucradas 4 personas más en calidad de ausentes, sin que se revelara su identidad.
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones que las detenciones de las 11 personas se realizaron de forma ilegal, además de indicar que la apertura del proceso penal se debe a supuesta represalias por denunciar violaciones a derechos en el marco del régimen de excepción.
El viernes algunos grupos sociales presentaron nuevamente un escrito dirigido a la procuradora general de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, donde solicitan emita un pronunciamiento y medidas cautelares a favor de los acusados en el caso, así como el acompañamiento de la institución en el desarrollo del proceso judicial a fin de garantizar los derechos fundamentales de todos los imputados.
