Por Redacción YSKL
La Asamblea Legislativa de El Salvador decretó el Estado de Emergencia Nacional con 59 votos a favor, debido a la zona de convergencia intertropical y el campo de presión sobre Centroamérica, por un período de 15 días.
Dicha medida surge ante la activación de la Alerta Roja emitida por la Dirección General de Protección Civil, a causa de las intensas lluvias y temporal que comenzaron el fin de semana.
El decreto incluye medidas inmediatas para atender la emergencia, como la protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, especialmente de los afectados por la tormenta.
También contempla la creación de condiciones adecuadas de albergue y resguardo para los evacuados y aquellos cuyas viviendas han sido inhabilitadas o destruidas.
Además, se enfocará en la reestructuración de caminos, carreteras, puentes y otras infraestructuras dañadas, así como en la prevención de impactos negativos en la producción agrícola, agroindustrial y ganadera.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, coordinará la ejecución de los planes de contingencia y mitigación de desastres, en colaboración con el Director General de Protección Civil. Este último deberá informar diariamente sobre las acciones ejecutadas y la distribución de los recursos, así como de la ayuda procedente de la cooperación local e internacional.
La Ministra de Relaciones Exteriores estará a cargo de coordinar y gestionar los esfuerzos de cooperación internacional, en conjunto con el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y la Comisionada Presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería gestionará la seguridad alimentaria y el almacenamiento de alimentos; mientras que el Ministro de Defensa Nacional se encargará de la logística y la administración de la asistencia humanitaria, garantizando la distribución efectiva y transparente de los suministros a la población afectada.
El decreto también otorga a la Dirección General de Protección Civil la facultad de evacuar obligatoriamente a la población en riesgo y utilizar mecanismos coercitivos para proteger el derecho a la vida. Además, esta entidad puede gestionar el uso de infraestructuras públicas y privadas como centros de acopio y albergues temporales.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte está autorizado para gestionar la remoción de escombros y la rehabilitación de infraestructuras dañadas, en colaboración con empresas privadas, según sea necesario.
Asimismo, se requiere a todos los titulares de las carteras del Órgano Ejecutivo, así como a sus funcionarios y empleados, implementar las acciones correspondientes bajo la coordinación indicada, asegurando que la distribución de ayuda se realice de manera institucional y respondiendo al bien común y al interés general.
