Por: Redacción YSKL
Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, con el fin de designar la responsabilidad a la Dirección de Trámites de Construcción (DTC) la autorización de planes de desarrollo urbanos y rurales.
El decreto también incluye las obras públicas en general y de construcciones, restauraciones o cualquier otra intervención en bienes públicos o privados que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural.
La iniciativa fue llevada al Pleno por la bancada de Nuevas Ideas, y la misma va encaminada ubicar el servicio de emisión de trámites en una sola entidad, puesto que «ya existe una entidad encargada de la emisión y autorización de los permisos de construcción», por lo que era necesario, según la propuesta «emitir reformas con el fin de centralizar los permisos».
Los cambios en la normativa también eliminarán la duplicidad de competencias, ya que, en la actualidad es el Ministerio de Cultura quien autoriza las construcciones en bienes vinculados al patrimonio cultural del país.
La medida también establece que se suspenderá cualquier permiso si se identifica un Bien Cultural, en una «lotificación, parcelación, edificación, demolición o cualquier tipo de intervención».
Por otra parte, un bien cultural declarado ante el registro podrá ser intervenido «salvo para su puesta en valor», considerando el alto tráfico de usuarios, su mantenimiento y el «uso del goce para la población salvadoreña».
Los propietarios de los terrenos están obligados a dar aviso de algún hallazgo de patrimonio cultural, a la autoridad que permitió la realización de obras. También se norma si este descubrimiento se hizo «casual o fortuito».
En caso de los bienes que se destruyeran o dañaran por «caso fortuito y fuerza mayor», se podrá restaurar o incluso remodelar de acuerdo a su estructura arquitectónica original y con la supervisión de la Dirección de Trámites de Construcción, con la opinión del Ministerio de Cultura.
La DTC fue creada en 2023 por la Presidencia de la República, para poder agilizar «los trámites y autorizaciones de construcción».
