Por Redacción YSKL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este miércoles un informe «Estado de excepción y Derechos Humanos en El Salvador», en el cual se insta al Estado salvadoreño a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción.
Según el estudio, la Comisión subraya que este mecanismo excepcional no debe convertirse en una política de seguridad ciudadana permanente.
El informe analiza el régimen de excepción decretado en marzo de 2022, como respuesta a una «ola de violencia» que resultó en al menos 92 muertes entre el 24 y el 27 de marzo de ese año.
En este sentido, la CIDH reconoce «la actuación de las maras y pandillas en El Salvador es una realidad que desde hace décadas ha impactado en el ejercicio de los derechos humanos de la población salvadoreña», destacando la necesidad de medidas proporcionales y razonables para abordar la criminalidad sin comprometer las garantías judiciales fundamentales.
El documento detalla cómo las modificaciones legislativas introducidas desde el inicio del régimen de excepción, incluidas reformas en materia penal y de justicia juvenil, han llevado a una aplicación punitiva que plantea riesgos para los derechos humanos.
La CIDH menciona que «en el período analizado en este informe, fueron promovidas múltiples reformas legislativas con un enfoque fuertemente punitivo que contravendrían los estándares interamericanos en materia de justicia juvenil, garantías judiciales, uso racional de la prisión preventiva, entre otros aspectos».
El informe también señala la detención de 73,000 personas desde el 27 de marzo de 2022 hasta principios de noviembre de 2023, muchas de las cuales enfrentaron prisión preventiva.
Según el organismo internacional, este contexto ha llevado a «detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en el sistema de justicia y espacios de privación de la libertad».
También añade que la situación en los centros penitenciarios es preocupante, con un aumento significativo en la población carcelaria y condiciones de detención deplorables.
Al respecto, CIDH urgió al Estado a revisar las prisiones preventivas y a abordar las condiciones inhumanas en los centros de detención, destacando que «la aplicación automática de la prisión preventiva viola su propósito cautelar ante las circunstancias individualizadas del caso concreto y su uso prioritario agrava la situación de sobrepoblación carcelaria en El Salvador».
En cuanto a la libertad de expresión, el informe cuestiona las reformas legislativas que han restringido el acceso a la información y el ejercicio del periodismo, y destaca «la importante labor del periodismo y de defensa de los derechos humanos en estas situaciones», instando al Estado salvadoreño a «asegurar que las personas periodistas y comunicadoras que realicen su labor informativa en el marco del contexto de excepción no sean detenidas, amenazadas, agredidas, o limitadas en cualquier forma por el ejercicio de su profesión».
La CIDH reafirmó que «el Estado debe adoptar acciones efectivas para enfrentar y erradicar la criminalidad organizada, ajustadas a la extensión y gravedad de la situación particular del país», e instó al gobierno de El Salvador a derogar el régimen de excepción, finalizando la suspensión de los derechos y garantías a través de las prórrogas al decreto legislativo, el cual ha estado vigente desde hace más de dos años.
