Por Redacción YSKL
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable a varias modificaciones propuestas a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DOT).
El presidente de la comisión, Salvador Chacón, afirmó que con las reformas buscan «darle la importancia necesaria a las alcaldías» y hacerlas parte del desarrollo económico, social y cultural del país, destacando su papel cercano a las comunidades.
Uno de los cambios es la modificación del artículo que regula la conformación del Consejo Directivo de la DOT. Se añadió un nuevo literal que incorpora al Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como miembro del Consejo.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros continuará ostentando la presidencia del Consejo.
Otra modificación corresponde a dos nuevos proyectos para los cuales no será aplicable la ley.
En ese sentido, se incluyen «los proyectos de construcción propiedad del Estado que se encuentran en trámite con el Ministerio de Vivienda». Asimismo, se refiere a «los proyectos de construcción y parcelación que dispongan de antecedentes de trámites en el Ministerio de Vivienda antes de la entrada en funcionamiento de la DOT».
Esta sección originalmente excluye varios tipos de proyectos y obras de la aplicación de la ley, incluyendo aquellos en el Centro Histórico de San Salvador y obras de infraestructura de interés general.
Además, se sugiere que los ingresos por trámites o proyectos suscritos como parte de las «Tarifas por Fase, servicios exprés y nuevos servicios» sean destinados en su totalidad a la DOT, mientras que para los proyectos de la sección de «Tarifas para trámites individuales», el 50% se destinaría al Ministerio de Hacienda, que luego asignaría estos fondos a las alcaldías.
Por otro lado, en el artículo relacionado con el Fondo Especial para el Manejo de Compensaciones Urbanísticas y Ambientales, se propuso que el 50% de los ingresos del fondo se transfiera al Ministerio de Hacienda y el restante 50% permanezca en la DOT para el financiamiento de proyectos que mitiguen impactos ambientales y territoriales.
Esta normativa había sido aprobada previamente para su discusión ante el pleno, pero fue retirada y enviada nuevamente a estudio.
