Por Redacción YSKL
El lunes 24 de marzo, La firma de abogados Grupo Ortega presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador una demanda de habeas corpus en favor de 30 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Al respecto, argumentan que la detención de estos migrantes es “ilegal” y solicitan su liberación y repatriación a Venezuela.
La demanda, aunque dirigida a los 30 individuos, podría beneficiar a otros 71 migrantes y 137 presuntos miembros del Tren de Aragua, pues se considera aplicable a todos los detenidos bajo circunstancias similares.
Según el abogado Jaime Ortega, los detenidos no tienen antecedentes criminales que justifiquen su arresto.
“Las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes… no tienen ningún antecedente criminal que justifique tal situación”, aseguró Ortega.
Además, indicaron que no existen pruebas que vinculen a los detenidos con la banda criminal mencionada.
También subrayó que no se han presentado elementos de prueba para demostrar la pertenencia de estas personas al Tren de Aragua, y destacó que la información difundida en los medios y por organismos internacionales ha indicado que los detenidos son migrantes, como se documenta en la demanda de habeas corpus.
La solicitud también resalta que los detenidos no han cometido delitos en El Salvador ni en otros países, como Estados Unidos.
«Lo único que tienen es su registro a través de la CBP One, una aplicación con la que ingresaban a otros países, o son personas que ya fueron decretadas como refugiadas», agregó Ortega.
Los abogados mencionaron que la detención de los venezolanos en El Salvador vulnera el artículo 8 del Código Penal del país, que establece que la ley penal salvadoreña solo aplica a hechos ocurridos en su territorio.
En este caso, señalan, no hay delitos cometidos en El Salvador, por lo que consideran que se está violando este principio legal.
La demanda busca asegurar la liberación de los migrantes y su repatriación, al considerar que su detención es incompatible con los derechos establecidos en los tratados internacionales y el derecho internacional humanitario.
