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Por: Redacción YSKL
El Presidente de la Asamblea Legislativa “lamentó” que las autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA), “no celebraran” la apertura de la causa de los sacerdotes Jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989.
El 7 de enero pasado, tres días después que la Sala de lo Constitucional dictaminó reabrir el caso –que había sido cerrado por la Sala de lo Penal- la UCA consideró que esta decisión no fue consultada con ellos, los familiares de las víctimas o la Compañía de Jesús. En razón de ello, exigieron que no se instrumentalice políticamente y que se respete el debido proceso para las partes involucradas.
Castro dijo en la entrevista Diálogo de Canal 21, que la decisión del tribunal constitucionalista constituye un logro que dará respuesta a los dolientes. “A mí me extraña que el día de la resolución de la Sala, la UCA guardó silencio; en tres días sacan un comunicado que dicen que ‘lamentan que a ellos no les han informado que van a reabrir el caso’. Osea: que la Sala les tiene que avisar que van a reabrir el caso ¿que solo ellos estuvieran en la lucha?”.
En ese sentido, reprochó que la universidad hable de “revanchismo político” y replicó que hablan de “conocer la verdad”.
“Ellos tienen que defender lo que en su momento fueron parte, pero aquí el pueblo salvadoreño queremos saber la verdad; nadie los está condenando, el que nada debe nada teme pero si están nerviosos es por algo, seguramente temen que vaya a salir algo que estuvo escondido los últimos 30 años”, criticó el presidente legislativo.
Ante las críticas de la Compañía de Jesús que acusa a la fracción de Nuevas Ideas de intentar politizar la causa, Castro respondió que “ellos lo han politizado […] a ellos no les gusta lo que nosotros estamos haciendo. “¿Vos crees que en este juicio no van a salir gente que financiaba estos actos? Claro que sí. Ellos están promocionando al montón de voceros de la sociedad civil […] Ellos (UCA) han agarrado una agenda personal, el Padre Andreu Oliva se ha pronunciado de una manera bien clara la posición que tiene de nosotros como diputados, pero lo mismo que opina de nosotros, nosotros opinamos de ellos”.
El fallo de la Sala
La Sala invalidó la resolución de la Sala de lo Penal que cerró el caso de la Masacre de Jesuitas, tras admitir un recurso de amparo de la Fiscalía General de la República (FGR).
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, interpuso un recurso de amparo contra la resolución de la Sala de lo Penal que cerró la causa en octubre de 2020, cuando esta dictó sobreseimiento definitivo a favor de exmilitares, Juan Orlando Zepeda y Francisco Herrera Fuentes, acusados de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras.
«Invalídase la resolución del 8 de septiembre de 2020 emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación con ref. 3CAS2019, mediante la cual, de forma simultánea, se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación interpuestos, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad a esa actuación, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia», resolvió la Sala de lo Constitucional.
El Proceso Penal – su origen y su cierre
En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre; entre estos, el expresidente Alfredo Cristiani y militares que se desempeñaron como funcionarios en cargos de ministros, viceministros.
De acuerdo con la FGR, el hecho no se podía investigar por la Ley de Aministía; Tojeira interpuso un recurso de revocatoria a esta decisión, también se interpusieron demandas de inconstitucionalidad a referida ley; la Sala de lo Constitucional se pronunció e indicó que no había infracciones a la Constitución, pero los jueces debían considerar cada caso concreto en caso hubiere una excepción. Por lo tanto, la Fiscalía presentó el caso el 23 de octubre de 2,000 ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, ahora Juzgado Cuarto de Instrucción; no obstante, el juez declaró sin lugar la investigación solicitada.
El caso fue cerrado.
Reapertura en 2018
En 2016 se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se retoman casos, como el de la Masacre de los Jesuitas y sus autores intelectuales.
En 2018, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo que se dictó en el año 2,000 a favor de referidos imputados.
Interponen recursos contra esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que ratifica la reapertura del caso.
No obstante, interponen recurso de casación ante la Sala de lo Penal ese mismo año.
Este mes de octubre el máximo tribunal en materia penal confirmó el sobreseimiento definitivo de los exmilitares y expresidente, a quienes se acusaba de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras; por lo que no habría opción a la reapertura del caso.
Los acusados
Los militares René Emilio Ponce (falleció en 2011), era Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; Juan Rafael Bustillo, era comandante de la Fuerza Aérea; Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad; Juan Orlando Zepeda Herrera, miembro de “La Tandona» y exviceministro de Defensa; Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador; Rafael Humberto Larios López, General y era Ministro de Defensa; así como el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard.
Se les atribuía el delito de asesinato, Art. 154 del Código Penal derogado (1973) en perjuicio de las víctimas Ignacio Ellacuría de Beascoechea, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López, Armando López Quintana, Julia Elba Ramos y Celina M.
