El Juzgado cuarto de Instrucción de San Salvador tiene previsto instalar mañana a las 10:00 AM, la audiencia preliminar contra los empresarios José Adán Salazar, el ex alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, la conyugue de este, Sara Paz Martínez, sus hijas Susana Nohemí Salazar, Romelia Guerra Argueta, todos acusados de lavado de dinero y activos.
Se prevé que la audiencia dure dos semanas para que las partes expongan sus alegatos a la jueza. Durante el desarrollo de la misma, sólo estarán las partes procesales, disposición basada en el Artículo 22 de la Ley de Lavado de Dinero y de Activos que dice: “Toda información que se obtenga en la investigación del delito del lavado de dinero y de activos será confidencial, salvo que sea requerida conforme a la Ley, en la investigación de otro delito”.
El presente caso es uno de los más voluminosos judicialmente hablando, ya que se ha ventilado en los juzgados con un aproximado 2,729 piezas de prueba, con más de 200 folios cada una, como resultado de la recolección de elementos de prueba de cargo y descargo de las partes.
Presuntamente los imputados obtenían multiplicidad de productos financieros, por lo que la Fiscalía General de la República, expone que los implicados estratificaban sus operaciones en diferentes cuentas, las cuales en su mayoría han dejado con saldo cero.
Según la fiscalía los empresarios presuntamente blanquearon 215 millones de dólares, para ello crearon sociedades de personas jurídicas, de las cuales algunas fueron activadas como el caso de Agroindustrias Gumarsal S.A de C.V, Hoteles Salvadoreños S.A. de C.V (HOTESA S.A. DE C.V.), y otras empresas fueron ocupadas como fachadas.
Así también resaltan ciertas operaciones inusuales en la adquisición de bienes inmuebles. Además los ahora procesados participaban como socios y miembros de la junta directiva de diferentes empresas, entre Transporte de Combustible, Arrocera Jerusalén S.A. de C.V. Industria de Maíz S.A. de C.V., entre otras, según la fiscalía.
En el informe Fiscal detalla que las operaciones ilícitas ocurrieron entre los años de 2003 al 2015 a través de varias modalidades, entre estos compras de inmuebles a precios bajos, adquisiciones de créditos que pagaban en corto tiempo y la creación de sociedades.
