Organizaciones exigen retomar consulta a víctimas para Ley de Justicia Transicional y Restaurativa.

La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones y la Comisión de Trabajo Pro Memoria se  pronunciaron ante la decisión de suspender las consultas a víctimas y organizaciones de derechos humanos en el proceso de elaboración de una futura ley de reconciliación, adoptada por la Subcomisión Política de la Asamblea Legislativa.

Esta acción es calificada como “una arbitrariedad” por parte de dichos defensores de derechos la cual conlleva una vulneración y la Sala de lo Constitucional que obliga a los diputados para que dicha ley. «En su elaboración y discusión… incorpore a las víctimas y o las entidades que los representan. Es decir, impone obligación de impulsar uno amplia consulta con las víctimas, las asociaciones que las representan y otros sectores interesados de sociedad», señalaron.

La decisión de suspender las consultas fue adoptada con votos de los diputados de los partidos ARENA, PDC y PCN, con el voto en contra del diputado Juan José Martel de CD y ante la ausencia del partido FMLN en la sesión que impuso la suspensión de las consultas.

Lanzan campaña de concientización para exigir aprobación de ley de reconciliación nacional justa.

Según explicaron las 5 jornadas de consulta en diferentes departamentos del país, mostraron señales de deficiencias que le restaron legitimidad y se convirtieron en espacios que no abordaron los contenidos de las propuestas.

“Estas jornadas las víctimas no fueron efectivamente convocadas, por lo que las pocas solo lograron espacios marginales de participación, en los cuales además fueron re victimizadas pues predominó la presencia de personas ex combatientes, pese a que no se trata de una ley que regulará los derechos de ese sector”, reza el comunicado.

Las organizaciones manifestaron que los diputados de la Subcomisión Política realizaron expresiones de descalificación en contra de la dignidad de las víctimas, así como en contra de organizaciones de derechos humanos e incluso, de la Corte Interamericana de DDHH, tanto durante las jornadas de «consulta» como en sus sesiones posteriores.

“Las jornadas realizadas por la Subcomisión carecieron de metodología básica, tampoco proporcionaron información suficiente sobre los contenidos de las propuestas en estudio y no contaron con una participación suficiente ni representativa de las víctimas, como se ha manifestado”, denunciaron.

Las organizaciones señalan que este cierre corresponde al posible interés de impulsar una nueva propuesta de ley de impunidad, que genere una amnistía de facto y provoque el incumplimiento de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad la Sala de lo Constitucional.

Los asistentes hicieron la entrega, en esta fecha, ante la Subcomisión Política, un documento técnico que reitera nuestro llamado a aprobar una «Ley de Reconciliación» que garantice las reparaciones integrales y que erradique cualquier disposición tendiente a proteger a los victimarios que perpetraron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.