El Movimiento Nacional de Defensa de la Tierra de El Salvador (MOVITIERRA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho (FESPAD) presentaron un aviso de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de negocios aledaños a la Playa Costa del Sol de San Luis La Herradura, en La Paz.
Según los demandantes; pescadores, lugareños y comerciantes pequeños, han tenido problemas para acceder a las playas, que se encuentran en las Comunidades El Conchalito, Los Tubos, Cuatro Vientos y Brisas de Jaltepec, en el kilómetro 69 al 72, siempre en Costa del Sol, debido a la extensa franja de hoteles, restaurantes y ranchos privados, que bloquean el acceso; esto fue constatado por un recorrido que realizó Movitierra junto a FESPAD en 2017.
Fue hasta el año 2018 que se realizó una investigación para determinar la transgresión de los espacios de acceso: de siete verificados, en tres hay anomalías jurídicas, como el cierre total y la reducción de los espacios.
“El cierre de los accesos afecta al ámbito social y económico de los habitantes de las comunidades, entre ellos pescadores, comerciantes e inclusive turistas que no eligen hotel o rancho de playa, se les restringe y violenta el derecho de acceso a la playa”, indicó una fuente de FESPAD
De acuerdo con las organizaciones se violenta el artículo 84 de la constitución que establece que el mar y por extensión las playas, son de dominio público, además transgrede el artículo 571 del código civil que señala que los bienes nacionales, son de uso para todos los habitantes de la nación “como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas”, reza la legislación.
Además contraviene el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que estipula que todos los pueblos pueden disponer de sus riquezas y recursos naturales en beneficio recíproco. “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
FESPAD y Movitierra pidieron a la FGR que investigue y judicialice los actos ilegales, que motivaron al cierre de los espacios.
