La familia y la defensa de la ambientalista hondureña Berta Cáceres asesinada en marzo de 2016, reciben con insatisfacción la condena a siete, de los ocho acusados del crimen, puesto que temen que el caso sea cerrado tras el fallo judicial y exigen castigo para los autores intelectuales.
«Satisfacción no puede haber hoy, porque es muy peligroso que el Estado de Honduras y la estructura criminal que ejecutó este crimen pretendan decir que ya se cerró el caso», dijo este martes, uno de los abogados de la familia de Cáceres, Víctor Fernández.
Un tribunal de Honduras condenó a Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres a 34 años por asesinato de Cáceres y por el intento de asesinato contra un mexicano que era huésped de la ambientalista, el 3 de marzo de 2016 en Intibucá, al occidente del país.
Cáceres estaba luchando contra el complejo hidroeléctrico Agua Zarca, en la cuenca del río Gualcarque, Honduras.
Esta presa restringía el acceso al agua a las comunidades locales lenca, ponía en riesgo su modo de vida tradicional, y amenazaba el medio ambiente, según ambientalistas.
Gracias al trabajo de Berta, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, la mayor empresa constructora de presas del mundo y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, se retiraron del proyecto.
Ello le costó la vida. Ese día un grupo de sicarios la asesinaron. Mientras que Gustavo Castro, fingió su muerte, y así logró escapar; su testimonio fue clave para condenar a los sicarios.
El crimen estuvo dirigido por militares y responsables de la empresa nacional Desarrollos Energéticos (DESA), la empresa constructora de la presa.
Pero los verdaderos autores intelectuales todavía se desconocen y el crimen siguen sin esclarecerse, en un proceso de investigación repleto de irregularidades y de vacíos legales que ha sido obstaculizado por el propio Gobierno, asegura la familia de la activista.
