Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, lograron votar por unanimidad para darle vida a la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de desplazamiento forzado interno, para que sea sometido a aprobación del Pleno el próximo jueves 9 de enero.
La nueva legislación con 35 artículos, ofrecerá respaldo jurídico y establece recursos del Gobierno, para la protección y atención a víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia.
Una de sus novedades es la declaratoria “de orden público”, es decir que quienes sean víctimas de este fenómeno, antes de que entre en vigencia la normativa, también serán acogidas por la ley, sus beneficios serán retroactivos.
De acuerdo al presidente de esa mesa legislativa, diputado Mario Tenorio (GANA), la institución rectora “de la aplicación y cumplimiento de la ley será el ministerio de Justicia y Seguridad Pública”, la cual tendrá la potestad de definir los recursos para la atención de las personas desplazadas; en ese sentido, planteó: “Retomamos la propuesta de financiamiento que el Ejecutivo hacía en su proyecto para que se incorpore en el Presupuesto General de la Nación y garantizar de esa forma la existencia de fondos”.
La aplicación de la ley deberá garantizar la no discriminación por raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad u opinión política, confidencialidad, inmediata atención, gratuidad y protección de la propiedad y posesiones; principios que según el legislador René Portillo Cuadra (ARENA) el Estado deberá garantizar a las personas desplazadas su vida, seguridad, casa y pertenencias.
La ley contempla además que la persona, grupos familiares o afectados por desplazamiento forzado podrán recibir ayuda humanitaria, asistencia legal, psicosocial y seguridad social con igualdad; sobre esa base.
La nueva herramienta jurídica prevé la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Desplazadas Internamente (SINAPI), el cual estaría integrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como ente rector, además de los ministerios de Salud, Trabajo, Educación, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR), quienes coordinarán la cadena de atención.
La ley permite que todas estas instituciones creen estrategias acorde al Presupuesto nacional, o financiadas por medio de donaciones nacionales e internacionales y como considere conveniente el Estado.
El Diputado Cuadra manifestó que espera que el órgano Ejecutivo, presidido por Nayib Bukele, no vete la nueva ley.
Este mes, la Asamblea Legislativa cumplía un año de desacato por no legislar en esta materia, tal como ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
