Representantes de la Mesa Nacional Contra la Impunidad, Grupo Gestor, Pro Memoria Histórica y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) solicitaron al Gobierno facilitar la información necesaria para judicializar casos de crímenes de guerra, sean de la Fuerza Armada o guerrilla, en el marco del vigésimo octavo aniversario de la firma de los acuerdos de paz, firmados en Chapultepec, México en el año 1992.
David Ortíz de FESPAD, puntualizó que la búsqueda de la justicia debe ir, concatenada a la aprobación de una Ley de Reconciliación que busque los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional. Dicha ley debe cumplir con garantías de acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
En ese sentido afirmó que las tres propuestas que se han presentado en el órgano legislativo, no cumplen con el principio de justicia, puesto que se evade la pena de cárcel para los señalados de crímenes de lesa humanidad.
“No se garantiza el acceso a los archivos militares donde constan las violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, además que no habría garantía para el acceso a la justicia de parte de las víctimas”, indicó.
Asimismo, lamentan que en todo este tiempo el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República y el órgano Ejecutivo, pero en especial a la Fuerza Armada se niegue a abrir los archivos y revelar lo sucedido durante el conflicto armado.
Por otra parten piden a la Asamblea Legislativa cumplir el plazo que ha otorgado la Sala de lo Constitucional en cuanto a la ley de reconciliación; y someter a discusión la opinión de organizaciones de víctimas y de derechos humanos “para no dejar pasar por alto cualquier vulnerabilidad a derechos humanos”.
Las organizaciones hicieron algunas peticiones:
1. A la Asamblea Legislativa la instalación de un proceso de diálogo con las víctimas y organizaciones de derechos humanos para elaborar el proyecto de Ley que deberá promulgarse antes del próximo 28 de febrero y estas actividades estén acompañadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH.
2. A la Fiscalía a actuar con celeridad y diligentemente a las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado y destinar mayores recursos humanos y financieros en estos procesos de investigación.
3. Al Presidente Nayib Bukele: Ordene la localización, acceso y reconstrucción de los archivos e información sobre el conflicto armado, que está en poder de las Fuerza Armada, a fin de dar soporte a las investigaciones judiciales o administrativas correspondientes .
4. Al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que asuma su mandato y verifique el proceso legislativo que se lleva a cabo, atendiendo los criterios jurisprudenciales de la PDDH, los parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional y los estándares internacionales sobre justicia transicional.
