FGR procede al decomiso de bienes de dos ex funcionarios de Mauricio Funes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que procedió a la materialización de 61 propiedades relacionadas al delito de lavado de dinero y peculado que supuestamente cometieron dos ex funcionarios del ex presidente Mauricio Funes (2009-2014) acusado del desvío de 351 millones del estado.

Las propiedades corresponden al ex secretario de comunicaciones de la Presidencia David Marciano Rivas y al Director Ejecutivo de la Presidencia Manuel Arturo Ayala.

La institución materializó medidas cautelares sobre cuatro inmuebles, dos vehículos, cuatro productos financieros, por un valor de $8 millones, propiedad de Rivas; mientras que Ayala le serán confiscados cinco inmuebles, tres vehículos por un valor de $500,000 dólares.

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio, de la FGR, informó que entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. El valor aproximado de los bienes incautados es de 23 millones, 883 mil dólares.

Entre las empresas materializadas se encuentran Latin American Spa; Cosase; Merpinsa y Mecafé.

Las propiedades se encuentran bajo los nombres de las siguientes personas, entre ellas, familiares y empleados de confianza del ex mandatario: Juan Carlos Guzmán Berdugo; Ada Luz Sigüenza; Ada Michel Guzmán Sigüenza; Luis Miguel Ángel García García; Manuel Rivera Castro; Joaquín Eduardo Cárdenas; Ana Elizabeth Coto y José Armando Escobar Barillas.

La materialización es parte de las 85 propiedades que han sido detectadas por la FGR en la apertura de la investigación que se realiza en contra del expresidente Funes. El año pasado se intervinieron 24 de esos 85 inmuebles, ubicados en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, La Paz, La Unión, Usulután y San Miguel.

Las propiedades pasan provisionalmente al control del Estado por medio de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) hasta que se defina el proceso en contra de los acusados.