El Diputado Suplente de ARENA, Carlos García Saade presentó este lunes una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 24.
Dicho documento fue emitido la madrugada de este domingo, por la Presidencia de la República y establece normativas importantes para frenar la propagación del COVID-19: segmentación por días con base al número de DUI, restringe circulación de transporte público y prohíbe el tránsito entre municipios.
“El decreto sigue infringiendo la Constitución; mañana puede que saquen otro decreto pero aquí vamos a estar; siguen insistiendo en violar dos derechos, la seguridad jurídica y la libertad de tránsito; siguen insistiendo en que los salvadoreños no pueden pasar de municipio a municipio, siguen insistiendo en segmentar a la población de acuerdo al último número de DUI, no está permitido ni por la Constitución, no por la Ley de Cuarentena”, explicó Saade.
Según el tricolor se violaron varios aspectos de la carta magna: Seguridad jurídica, al transgredir el artículo 2 de la Constitución; El artículo 163 porque establece que todo decreto, acuerdo, órdenes y providencias “deberán ser refrendados y comunicados por los ministros en sus respectivos ramos, o por los viceministros en su caso. Sin estos requisitos no tendrán autenticidad legal”. Y el 140 que se refiere al principio de “efectiva y real publicación” por haberse divulgado en la madrugada del domingo.
Además se infringió el inciso 2 del Artículo 2, que establece la prohibición de movilización de personas por municipio de residencia a otro.
El Artículo 4 del Decreto Ejecutivo regula que para el abastecimiento de alimentos, adquisición de medicinas o transacciones en agencias bancarias, se segmentará a la población conforme a la terminación del último dígito de su DUI. Este no aplica según el abogado “porque para limitar la circulación debe existir un régimen de excepción aprobado por la Asamblea, sólo es para regular la cuarentena domiciliar”.
Saade recalcó que se violó la libertad de tránsito, normada en el artículo 5 de la Constitución, y se agrava con la prohibición de operación de algunos rubros de alimentos.
“Han rebasado la facultad que le entregó la Asamblea al Órgano Ejecutivo”, expresó el legislador.
El principal argumento de los jurídicos de la Presidencia es que dichos acuerdos, se avalaron con base al artículo 8 de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 que aprobaron los mismos diputados la semana pasada.
