Como parte de los acuerdos entre el Gobierno y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, se estableció que el Órgano Ejecutivo elaborará un plan de reactivación económica.
Este deberá ser presentado al Parlamento en un máximo de 10 días posterior a la aprobación de la normativa aún en discusión, la Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía.
El plan deberá comprender un regreso seguro y progresivo de actividades sociales, económicas, comerciales e industriales debiendo seguir protocolos de salud internacionales y lo previsto en la referida ley.
Asimismo, el Gobierno deberá incluir la asistencia especial para la protección y reactivación de sectores vulnerables, tales como el sector informal, agropecuario, trabajadores por cuenta propia, mujeres jefas de hogares, así como las micro, pequeña y mediana empresas (MIPYME).
Por lo tanto, para realizar el diseño, la implementación y el seguimiento de este plan, el Ejecutivo podrá contar con la asesoría de instituciones de educación superior y tanques de pensamiento.
En un primer momento, los representantes de Gobierno habían solicitado que esta ayuda fuera por parte nominal de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
Sin embargo, los legisladores establecieron que no se debía nombrar a instituciones concretas, sino abrir la posibilidad de consultar a más organizaciones y tener distintos puntos de vista, podrán acceder a los mencionados, pero no será restringido solo a ellos por ley.
