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La Diputada Martha Evelyn Batres presentó dos piezas de correspondencia dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Policía Nacional Civil (PNC) para que den explicaciones sobre lo sucedido en la ex fábrica Récord, ubicada en Cantón Sitio del Niño, del municipio de San Juan Opico de La Libertad.
“En 2010 se da este caso, se prorroga un estado de emergencia ambiental en toda la zona, en donde se detectaron muchísimo porcentaje de plomo que existía por la fabricación de las baterías, llama poderosamente la atención que estando un decreto, (que) vencía el 20 de febrero de este año, era un espacio custodiado por la Policía, donde el Ministerio de Medio Ambiente es el encargado por el tema ambiental y por sentencia de la Corte Suprema de Justicia es el encargado de procurar la seguridad del perímetro y la PNC”, explicó la parlamentaria.
De acuerdo con Batres, en noviembre del año pasado, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa citó al ministerio y la corporación para que explicaran la situación en la ex fábrica.
“Ahí nos dijeron que todavía habían detectado que había plomo de 400 partículas por millón, esto quiere decir que todavía era altamente contaminante para los habitantes de Sitio del Niño”, enfatizó la legisladora por el partido ARENA.
Por su parte la Diputada Dina Argueta, del Grupo Parlamentario del FMLN, también presentó una iniciativa hacia el MARN, en el mismo sentido.
“La idea es conocer todas las acciones que han realizado y de prevención que está tomando o va a tomar, porque no han brindado mayores detalles. Conocíamos por la prensa que el incendio fue provocado y que Bomberos presentó un informe a la Fiscalía, pero además es necesario conocer qué está haciendo el Estado salvadoreño con una situación que no sólo afecta la salud y la vida, si no el impacto medioambiental”, precisó.
A la fecha, dicho mobiliario se encuentra bajo custodia del Estado, debido a que en 2007 fue cerrada por órdenes del Ministerio de Salud, dado que dentro de sus instalaciones hubo una planta recicladora de baterías, cuya materia prima fue catalogada como tóxica y por consiguiente contaminante del medio ambiente y nocivas para la salud.
La Cámara Medioambiental de Santa Tecla, ordenó en 2016 medidas de reparación de las víctimas y al Estado salvadoreño conformar una comisión interinstitucional que diera tratamiento y disposición final de los desechos de plomo que se encontraban aún en la fábrica. Además de medidas para reparar el ecosistema dañado por la exposición a los químicos.
