El próximo lunes 24 de agosto, la Comisión de Hacienda planea recibir al Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, para explicar las transferencias internas por un total de $23 millones para pagar 33,000 toneladas de maíz a proveedores en Sinaloa, México.
De acuerdo con los diputados, estas transferencias son ilegales, pues la Constitución de la República instruye que se realicen con la aprobación de la Asamblea Legislativa cuando su finalidad no tiene una línea presupuestaria.
Dentro de estos fondos se encuentran 7.7 millones destinados al pago de salarios de empleados del Ministerio, lo que fue utilizado para financiar los anticipos de contratos por la compra de granos básicos; fondo que aseguran no puede utilizarse para otros fines, según la ley, pues son «intransferibles».
Las posibles irregularidades que alegan los legisladores son el incumplimiento a las atribuciones del artículo 228 de la Constitución de la República y a los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera El Estado (AFI) al realizar estas transferencias presupuestarias.
Para dar estas explicaciones, el Ministro Anliker fue convocado en dos ocasiones a la comisión, pero no asistió.
Tras recibirlo el pasado martes 11 de agosto para detallar el uso del fondo del crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que se asignarán $40 millones Agricultura; los legisladores lo cuestionaron sobre las transferencias; sin embargo, Anliker manifestó que no había llegado preparado para responder esas preguntas.
Según el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vásquez de GANA, acordaron con el ministro su presencia para el próximo lunes y resolver estas preguntas.
Por su parte, la diputada Margarita Escobar advirtió que de no llegar a la sesión ese día, interpondrán un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ilegalidades en las transferencias.
