La «Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Ejecutivo, afectando el tratamiento y combate de la pandemia» realizó su primera sesión de trabajo en el que establecieron su reglamento y las convocatorias que se realizarán para perseguir el propósito.
Dentro de este reglamento, se enfatizó que los los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de cooperar y asistir a las convocatorias, siendo en la tercera inasistencia que se acude al apremio; es decir, que sean llevados por medio de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los legisladores propusieron algunos nombres para iniciar con la recolección de información, tales como la Directora del Insituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, por la inversión de la institución en el equipo médico del Hospital El Salvador y definir qué elementos regresarán como inventario, ya que referido nosocomio es parte del sistema público y la autónoma atiende a cotizantes.
Así también, a los encargados del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) por el caso de ancianos contagiados, y directores de distintos hospitales de la red pública para verificar los criterios por los que se convirtieron en centros de atención de COVID-19.
De acuerdo con los legisladores, la comisión se estableció debido a que el Ministerio de Salud no ha presentado un plan para atender la pandemia, así como el notorio «comportamiento prepotente» de los funcionarios del Órgano Ejecutivo para no organizar momentos de diálogo para este fin.
Asimismo, por la dualidad que aseguran existe en la información sobre fallecidos por el virus en trabajadores de la salud y de población en general.
Por lo tanto, para pa próxima sesión de trabajo se convocará a la Presidenta de la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, para que entregue los datos concretos de cuántas personas han sido sepultadas en los 262 municipios en los distintos cementerios públicos y privados con protocolo COVID, con diagnóstico de neumonía atípica con sospecha de COVID-19 o sospecha, bajo la información de las alcaldías.
Además, a miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería por la exigencia de pruebas COVID-19 para la entrada al territorio salvadoreño por vía aérea.
Finalmente, acordaron llamar a representantes de los dos laboratorios privados que han sido autorizados para realizar las pruebas PCR de detección del virus, por los costos que implica a la población de entre $160 y $165. Por lo que consideraron oportuno conocer el arancel que están pagando para ingresar al país estos exámenes.
