El Juzgado 7° de Instrucción San Salvador, en audiencia especial, ordenó hoy apertura a juicio contra diez personas, entre estas, publicistas y ex miembros de la Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) presuntamente vinculados a un caso de lavado de dinero en la administración del ex presidente Elías Antonio Saca, condenado a diez años por este delito.
La diligencia se realizó debido a un recurso de apelación de parte de los fiscales del caso y la posterior resolución de la Cámara Primera de Lo Penal de la Primera Sección del Centro, que revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el juzgador en septiembre de 2019 y le ordenara iniciar la causa penal.
La Fiscalía General de la República había pedido una audiencia para despuntar más pruebas y así fueran revisadas por el Juzgador.
En la diligencia desarrollada durante la mañana de hoy, el juez ratificó las medidas sustitutivas de los acusados, como presentarse cada 15 días al tribunal designado, mantener la caución económica que van de los 20 mil a 250 mil dólares, no cambiar de domicilio y la prohibición de salir del país.
Así también se ratificó la inmovilización de bienes y productos financieros a nombre de los imputados y las sociedades AMLE, Funes Asociados S.A. (todas agencias de publicidad); así como el Grupo Radial Samix, Tóchez Hernández, Radio Usuluteca y Estéreo 94, propiedad de Saca, quien gobernó el país entre 2004 a 2009.
Además, por solicitud de la Fiscalía, el caso será llevado al Tribunal 4° de Sentencia, donde actualmente es acusada la esposa de Saca, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, por lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero y activos. Dicho proceso, sería un acumulativo contra la ex primera dama.
Los procesados en este caso son: Oscar Edgardo Mixco Sol (hermano de la ex primera dama), Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes (todos del OIE); y los publicistas, Julio Roberto Zamora Bolaños, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún, por atribuirseles el delito de lavado de dinero y de activos.
Mientras que Milton Romeo Avilés Cruz, un empleado de Casa Presidencial, está siendo acusado de casos especiales de delito de encubrimiento de lavado de dinero.
La Fiscalía acusó a los procesados de blanquear un aproximado de 22 millones de dólares provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, presuntamente para favorecer al ex presidente Elías Antonio Saca.
El informe fiscal indica que los empleados de la Casa de Gobierno –por órdenes de Saca- emitieron contratos de publicidad gubernamental a favor de las agencias cuestionadas; a través de este beneficio, los publicistas aprovecharon para insertar los fondos a radios propiedad de Saca. Este a su vez, ya con los fondos transfería las ganancias a cuentas personales y de su familia.