El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador resolvió en audiencia inicial que el proceso contra el tesorero de la Alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, por retención o apropiación de cuotas laborales en perjuicio de 45 empleados, continúe en la fase de instrucción.
Además, el imputado enfrentará el proceso en libertad y deberá pagar una fianza de $10,000.
De acuerdo con la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), también se está solicitando una responsabilidad civil subsidiaria a la comuna de $678,684.67, conforme al artículo 121 del Código Procesal Penal, que corresponde al monto de lo descontado a los empleados y no remitido
Asimismo, la Fiscalía se refirió a la responsabilidad penal y a quien se ha atribuido el delito, luego que el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, manifestara que el proceso debía realizarse contra el edil capitalino, Ernesto Muyshondt y no contra un empleado de tercer nivel como un tesorero.
«El 245 del Código Penal establece que comete el delito el empleador, el pagador o la persona que de conformidad a la ley tiene la responsabilidad de hacer las retenciones de ley, en este caso de las cuotas; fue necesario verificar la normativa de ley AFI (Ley Orgánica de Administración Financiera del Estadoy también el Código Municipal que se establece la descripción de puestos que la persona encargada de las retenciones y enterarlas es el tesorero», aseguró la fiscal del caso.
A la audiencia inicial también se hicieron presentes parte de los empleados de la comuna que han sido afectados con la retención de cuotas y afirmaron que este hecho no es reciente y no se respalda en la falta de fondos por el impacto económico de la pandemia, sino que data desde 2018.
Por su parte, la querella del caso, el abogado Luis Miguel Ángel Flores, expresó que el aviso que interpusieron ante la FGR no fue en contra del tesorero sino contra el alcalde municipal y por los delitos de malversación, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes; pero, en ningún momento les notificaron una decisión de no judicializarlo. Por tal razón ellos insistirán en sede fiscal para que se agote la fase administrativa y solicitarán una conversión de la acción penal.
Según el informe fiscal, desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre de 2020, Portillo Linares descontaba a 45 empleados las cuotas correspondientes a administración de fondos de pensiones, Seguro Social y pagos de préstamos, pero estos no eran remitidos a las entidades destinatarias.
