EL Ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió al requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que acusa al tesorero de la Alcaldía de San Salvador, Fernando Portillo, por retención o apropiación de cuotas laborales, donde aseguró se omite de responsabilidad penal al edil, Ernesto Muyshondt.
De acuerdo con Castro, el requerimiento fiscal tiene «deficiencias», pues se ahondó en las facultades del tesorero municipal; no obstante, detalló que no se tomó en cuenta el artículo 47 del Código Penal, en el que el alcalde es la representación legal, judicial y administrativa del municipio.
«La autoridad máxima es el Consejo Municipal y luego el alcalde, el tesorero es un empleado que recibe órdenes», agregó.
Ministro de @TrabajoSV @RolandoCastroSv dice que requerimiento de la @FGR_SV es contra un empleado de tercer nivel cuando debió presentarse contra Alcalde @emuyshondt. @arely_yskl pic.twitter.com/Q2HazFaeKi
— Radio YSKL (@radioyskl) October 22, 2020
Castro aseveró que este es un caso de «impunidad», al no dar la responsabilidad penal a Muyshondt por retenciones, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en el proceso que tendrá su audiencia inicial este jueves en el Juzgado Octavo de Paz.
"Lo que hace la @FGR_SV es una aberración, se trata del dinero de los trabajadores. No se le ha pagado desde el 2018", Ministro de @TrabajoSV, @RolandoCastroSv.@arely_yskl pic.twitter.com/Gk0T8Yghrs
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Además, relató que como ministro interpuso un aviso hace siete meses por el atraso de pago de retenciones legales que afirma se registran desde 2018.
«Ha habido presión de los trabajadores para que se judicialice este caso. La FGR no podía posponer el proceso, por ello, está responsabilizando al tesorero de la comuna», dijo el funcionario.
De acuerdo con el informe fiscal, desde el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre de 2020, Portillo Linares descontaba a 45 empleados las cuotas correspondientes a administración de fondos de pensiones, Seguro Social y pagos de préstamos, pero estos no eran remitidos a las entidades destinatarias.
El monto de lo descontado a los empleados y no remitido asciende a $678,684; además, éste monto podría incrementar según el resultado de auditoría contable que se realice.
Por su parte, el Ministro aclaró que el caso tendrá querella, pues indicó que «los trabajadores enfrentarán a la Fiscalía General de la República y en contra de todo el sistema».
