«Eso ya sería delito, si afirma que los usaron es malversación de fondo, quienes afirmaron que lo usaron deberían ser procesados. Eso ya es materia del Fiscal», dijo Rodolfo Parker sobre los $354.2 millones que el Gobierno habría utilizado de un préstamo sin ser autorizado por la Asamblea Legislativa.
Estos fondos forman parte de los $1,000 millones conseguidos en la emisión de bonos y que conforman el decreto 640 de autorización a endeudamiento para recuperación económica por COVID-19.
Es decir, se autorizó que fueran gestionados, mas no hubo aprobación para ser usados e incorporados a la Ley de Presupuesto de 2020.
La tarde de este 6 de junio, la Sala de lo Constitucional dirimió el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo sobre la legalidad de la reforma que realizó la Asamblea para reorientar estos mismos fondos; donde se advirtió al Gobierno que no podía usar fondos de préstamos obtenidos a través del decreto 640 sin autorización de la Asamblea.
De acuerdo con la sentencia, se declaró inconstitucional el decreto porque el Congreso no consultó la reorientación de recursos con el Ministerio de Hacienda; es decir, por el proceso de formación de ley, mas no por el contenido de esta.
«En la sentencia se señala que no hubo consulta, (pero) la Asamblea sí puede asignar recursos, lo que queríamos era resolver el problema grave […] Esos 354 millones, los fondos están, no sabemos en qué lo usaron, no se les ha autorizado. La Asamblea no ha decidido (autorización), ese fondo ahí está. Ellos no pueden gastarlo. Si dicen que no lo tienen, esa es otra falla del Gobierno», expuso la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz.
Según la legisladora, los fondos no tenían permiso para ser utilizados, pues se trata de un préstamo del que el Congreso debe decidir la forma en que será utilizado.
«¿A dónde están los 350 millones? Nosotros entendimos que cuando emitimos un decreto (reforma), el 640 que da paso a emitir deuda de 1,000 millones, de esos habían 354 millones. Lo que la asamblea dijo fue bueno, ese dinero tenía que estar ahí, si no lo ha hecho (pagado a rubros), lo asignamos al presupuesto (con nuevos destinos)», agregó el Presidente del Parlamento, Mario Ponce.
Por su parte, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, aseveró que el Ejecutivo «abusó en disponer del dinero».
De acuerdo con la sentencia de la Sala, el decreto 640 no implicaba uan reforma tácita a la ley de presupuesto, como argumentó en su momento Hacienda, sino que solo regulan la autorización para gestionar fondos y el destino de estos.
«Entonces, una vez gestionados los fondos correspondientes, de conformidad con los preceptos normativos citados, debía solicitarse la respectiva reforma del actual presupuesto, pero visto que tal actividad no se realizó, significa que, formalmente, esos fondos no fueron asignados para los destinados detallados», relata el documento judicial.
