La comisión legislativa que investiga el manejo de fondos en el marco de la pandemia acordó notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) el expediente que poseen en estudio sobre el Ministerio de Economía en la entrega de $300 a familias que fueron afectadas por las restricciones de movilidad por el COVID-19 en el mes de marzo y distribuido en abril.
También notificarán a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
De acuerdo con los diputados, se debe hay que existe una presunción de ocultamiento de información que podría traer responsabilidades «de otra naturaleza»; es decir, tanto patrimoniales como penales.
Esto en la «Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y prestamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado Salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del Presupuesto General, dentro del marco de la pandemia COVID-19»
Para este martes 12 de enero se esperaba la comparecencia de la Ministra del ramo, María Luisa Hayem, para aclarar el mecanismo y criterios de selección en entrega de los $300; no obstante, se excusó en asistir, pues manifestó que la convocatoria «coincide con otros compromisos que son claves para la reactivación económica».
Asimismo, señaló que envió un informe previamente y si se necesita agregar más información, que sea notificada.
¿Hay ilegalidades?
Corte de Cuentas: Se desconoce la base de datos que el Gobierno utilizó para seleccionar a 100 mil personas como beneficiarios de los $300
Por su parte, los legisladores mostraron descontento por la inasistencia y apuntaron que hay aspectos sobre el destino de fondos que no ha sido aclarado por la administración y que fue dado a conocer por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Se trata de alrededor de 100,000 personas de las que se desconoce y se tienen dudas sobre la base de datos que se utilizó para que fueran seleccionadas, lo que forma $30 millones del que no se ha encontrado el sustento de selección.
Denuncian a Ministra de Economía y Secretario de Innovación por declarar información reservada los criterios y transferencias de $300 a afectados por restricciones en emergencia COVID-19
Según el Ministerio de Economía en un reporte del mes de abril a la Corte de Cuentas, la transferencia se realizó a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMYD), de donde se erogaron $350 millones en subsidios a cerca de 1 millón 500 mil familias.
Rodolfo Parker del PDC y relator de la comisión, expuso que «hay una clara ruta que esperan llegar a las elecciones para tapar estas cosas».
El legislador cuestionó que no se conoce quiénes son o si existen las 100,000 personas que no fueron identificadas por la CCR y especuló que ese fondo del que se desconoce el destino se haya dirigido a «parte de las pandillas».
Así también, Yanci Urbina del FMLN expuso que el informe que envió la cartera de Estado es incompleto, pues no detalla la identificación de los beneficiarios, los contratos con las instituciones bancarias para realizar las transferencias, así como el reintegro al Estado, puesto que al destinarse de FOPROMYD, debió devolverse tras la adquisición de préstamos según el decreto 608 de la autorización de $2,000 millones para atender el COVID-19.
Además, destacó que en el informe no se detalla el destino de $7.3 millones.
«Que se notifique a la Fiscalía por los faltantes […] Que haya mandado un adelanto de información no quiere decir que sea satisfactorio. ¿Por qué ocultan los contratos? ¿Cuánto costó por pagar una página web, el pago de los call center, las modalidades (de entrega)? No están especificadas. […] Se recibió un informe incompleto que no ha dado respuesta al tema de beneficiarios, ni contratos y fondos pendientes de justificar y reintegros al Estado», sentenció la efemelenista.
A su vez, el presidente de la Comisión, René Portillo Cuadra de ARENA, explicó que en el informe de Economía se establece que debido al secreto bancario no se puede dar a conocer a los beneficiarios; disposición que no puede levantar o suspender la instancia legislativa, pero sí lo puede hacer la FGR.
«No tenemos facultades para levantar secreto bancario, pero la Fiscalía sí, en el marco de investigación penal sí pueden. Que investigue la Fiscalía en qué fecha, cuánto y qué monto lo recibieron. Por qué se dijo que eran dos (entregas) y solo dieron uno», dijo Portillo Cuadra.
