Ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se interpuso una denuncia contra la Ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el Secretario de Innovación de Presidencia, Vladimir Hándal, por decretar como reservada la información relativa a las transferencias de los $300 a familias afectadas por restricciones de movilidad en la emergencia por COVID-19 en el mes de abril.
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La cartera de Estado declaró reservada las liquidaciones del subsidio y el «Contrato de Procesamiento de pagos entre las entidades procesadoras, suscrito entre la Secretaría de Innovaciones de la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía», que contiene la documentación relativa a la metodología, medios, insumos y mecanismos utilizados para la entrega del beneficio.
Esta reserva se decretó por siete años.
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Según Economía, se debe a que responde a los literales “d”: «la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona»; y “e”: «la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva», del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Por su parte, la persona que efectuó la denuncia consideró que los argumentos no tienen sustento, ya que el dinero ya fue otorgado hace cerca de ocho meses y esta información debe ser oficiosa por la administración, o en caso de contener datos confidenciales, realizar una versión pública de estos, mas no restringir el acceso al expediente en su totalidad, para lo que invocó el numeral 17 del artículo 10 de la LAIP.
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«[…] Teniendo en cuenta que ésta fue una cantidad que escasamente bajo el costo de vida de nuestro país, pudo ser utilizada por un beneficiario dentro de ese mismo mes en el cual lo recibió, entonces dicha reserva no posee sustento, en cuanto no se trató de una cantidad relevante que permitiera un cambio o mejora en las condiciones de vida de un beneficiario, al punto de que pudieran ser objeto de alguna circunstancia que pudiera poner en riesgo su seguridad o vida, pues no se trató de una cantidad de dinero que fue mas allá de la mera obtención de víveres para la subsistencia dentro de un mes calendario», reza parte del documento que publicó Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador de la Fundación Nacional para el Desarrollo (ALAC – FUNDE).
Asimismo, asevera que hechos que fueron relatados por medios de comunicación sobre personas beneficiadas que no se encontraban en situación vulnerable fueron seleccionados podría ser la razón de la reserva.
