Diputadas dan el aval para la creación de un Banco Nacional de ADN

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la creación de la Ley de Banco Nacional de Datos de ADN. Con la cual se buscará combatir delitos de trata de personas, desapariciones, entre otros.

La Comisión Ad-hoc que estudia propuestas de reformas a los Códigos Procesal y Penal, en lo relativo a erradicar los delitos sexuales emitió dictamen favorable, para la nueva legislación que establecerá una base de datos que recoja el ADN de la población imputada, detenida o condenados en procesos judiciales.

La Diputada Patricia Valdivieso, Presidente de esta Comisión, afirmó que la ley otorgará mayores elementos probatorios para investigar diversos delitos. «Con la Ley de Banco Nacional de Datos de ADN, estamos dando una prueba que tiene el 99.9% de seguridad para identificar personas; vamos a dar un golpe al crimen y bajaremos la impunidad que existe en El Salvador».

Además incluirá la incorporación de muestras de evidencias recabadas en diligencias policiales o fiscales; y víctimas de hechos de violencia, desaparecidos y sus familiares, y aportadores voluntarios.

La ley incluye un artículo que garantizará que el uso del banco de ADN, será confidencial, y por la persona propietaria de la muestra o una autoridad que esté legalmente facultada.

Por otro lado, la propuesta consigna que no habrá discriminación o algún tipo de estigmatización “o violación a la dignidad e intimidad”, de cualquier persona debido a su raza, etnia, discapacidad o enfermedades congénitas o hereditarias.

Las autoridades que administrarán las bases de datos serán el Instituto de Medicina Legal, y la Policía Nacional Civil. Y el ente rector que hará contraloría de la ley, será el Consejo Administrador, el cual estará conformado por delegados de los anteriores mencionados, y la Fiscalía General de la República.

Dicha instancia será la encargada de elaborar los protocolos para la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos.

En cuanto a las sanciones, la ley prevé multar con 10 a 20 salarios mínimos del sector comercio y servicios, a quienes hagan mal uso de la información, o alteren las muestras.