Sonsonate 8 de Marzo 2017
El río Sensunapán, en Sonsonate, está agonizando. Su cuenca enfrenta múltiples contaminaciones que si no son atendidos, en los los próximos años podrían generar un serio problema para la población y su nombre, el del municipio, podría dejar de representar lo que significa: cuatrocientos ojos de agua, consideró Salvador Recinos, técnico de la organización de origen italiano África 70.
La entidad ejecutará en los próximos tres años acciones que buscan su restauración y protección de una forma integral.
FOTO EDH / Cristian Diaz
El Juzgado Ambiental de Santa Ana decidió no declarar procedencia en las medidas cautelares solicitadas por organizaciones que luchan contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Nuevo Nahuizalco II, que se construye en las orillas del Río Sensunapán, de dicha localidad.
En la resolución emitida este jueves, establece que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) había pedido a este tribunal que requiriera un informe al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sobre la consulta pública que se realizó entre la empresa constructora, habitantes de los cantones Pushtan y Sisimitepet de Nahuizalco y la Alcaldía.
Además pidieron al Juzgado que el Ministerio de Cultura rindiera información que constatara que en el lugar es un sitio sagrado y ceremonial para los pueblos indígenas y por lo tanto, no era apto para desarrollar la central eléctrica.
Sin embargo, esta cartera de estado argumentó que en el 2006, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural comprobó “que no existían restos de material arqueológico ni paleontológico en el lugar”, razón por la cual, se otorgó la factibilidad para construir en la zona y el tribunal definió que se desvirtuaba esa razón. Actualmente hay siete centrales sólo en este río.
En cuanto al MARN, el Ministro Fernando López informó al Juzgado, el 5 de noviembre del 2020, que el proyecto se encontraba en etapa de validación de consulta pública, por lo que no se había emitido resolución del procedimiento. Sin embargo, el juez le dio otros diez días para informar si tomó en cuenta las recomendaciones del Tribunal Latinoamericano del Agua, así como las razones para incumplir plazos establecidos.
En una contestación fechada el 7 de diciembre del 2020, arguyó que los tiempos de respuesta del Estudio de Impacto Ambiental, se retrasaron porque dependen de que las partes interesadas emitieran pronunciamiento.
El Juez le ordenó al MARN tomar en cuenta el informe final de la Evaluación del Impacto Ambiental para que no vulnere las poblaciones indígenas en el área de influencia del Río Sensunapán.
Ariela González, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que pese a que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), emitió una medida cautelar en la cual pidió la suspensión de la consulta pública a la comunidad afectada, que por la pandemia del COVID-19 no pudieron asistir, el MARN no acató la medida y continuó con el proceso.
“Entre el 19 de junio y 2 de julio se programó la consulta pública, cuyo único propósito era conocer las posturas de las comunidades, por la aprobación de este proyecto, esta consulta fue hecha por el Ministerio de Medio Ambiente, en lo más fuerte de la pandemia, sin medio de transporte, y sin acceso a internet, la población de Nahuizalco no podía conocer la consulta, con esos obstáculos se hizo la consulta”, lamentó González.
El Río Sensunapán, es uno de los 11 sitios sagrados identificados, con vocación ceremonial e histórica, dijeron las comunidades indígenas. En su cuenca, han sido identificadas fosas en las cuales descansan los restos de sus ancestros, que habitaron a las orillas del río, quienes fueron asesinados en 1932. Son cuatro kilómetros que se podrían desabastecer del recurso.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña aseveró el 20 de diciembre, que esta represa, vendría a poner en estrés hídrico al acuífero y afectará a 50,000 familias que habitan en los Cantones Pushtan y Sisimitepet de Nahuizalco; El Almendro de Sonzacate y Loma del Muerto en Sonsonate.
La presa, aprovechará el recurso hídrico del Río Sensunapán y Grande Sonsonate, con una toma de caudal máximo de 3.7 metros cúbicos por segundo (m2/s) proyectando obtener un potencial nominal de 2.0 Megavatios (MW), en condiciones hidrológicas normales. Estimándose obtener una generación promedio anual de 12, 000,000 kwh.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), determinó que el proyecto implica un riesgo de desastre, ya que será construido en suelos que, para su uso, deberán ser cambiados de categoría.
“El desarrollo del proyecto conducirá a una impermeabilización especialmente en las zonas de las construcciones de las obras civiles” y sería un propiciador escenario para inundaciones en época de invierno, puntualiza el informe, dado a conocer ese año.
Consulta Pública
El MARN lanzó la convocatoria del Estudio desde el 19 de junio en la alcaldía de Nahuizalco para que los interesados expresaran si el proyecto afecta la calidad de vida de la población, riesgos a la salud y al medio ambiente, sin embargo, los cantones Sisimitepet y Pushtan se encuentran a cuatro kilómetros de distancia, y por ello, no podían manifestarse. La consulta terminó el 2 de julio.
Este proyecto ya había sido rechazado en 2014 por el MARN, luego que las comunidades indígenas se pronunciaron sobre los daños que implicaría otra represa.
Inspección del Ministerio de Cultura
La PDDH solicitó a mediados de 2020 al Ministerio de Cultura una inspección donde se construirá este proyecto para identificar si constituye un daño irreversible a los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la zona, de ser así, debía adoptar medidas para prevenir su realización que estén bajo su competencia.
Sin embargo, la institución no respondió a la solicitud.
De acuerdo con la empresa Sensunapán S.A. de C.V., este proyecto planea generar energía limpia y renovable, asimismo, el 100% del agua regresaría al cauce del río. En un comunicado señalaron que «éste en específico generará un promedio 12 millones de Kw/hora al año, lo cual significa evitar anualmente la emisión al ambiente de un aproximado de 9,000 toneladas de CO2″.
Esta construcción tendría una inversión de 7 millones de dólares y afirman que se ha realizado todas las gestiones requeridas por la Ley para los procesos de obtención de permisos, licencias y otros requerimientos.
