El Juzgado de Instrucción de Ilopango sobreseyó definitivamente al alcalde de la localidad Adán de Jesús Perdomo, quien era procesado por peculado en perjuicio de la administración pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Perdomo por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos; sin embargo no hubo pruebas que incriminaran al funcionario edilicio en los delitos imputados, informó la sede judicial.
La causa inició luego que el 29 de octubre del 2020, en el local de ARENA de Ilopango, fueron encontrados 846 paquetes de alimentos que el Gobierno entregaba a los afectados del COVID-19, y que se sitúa frente a la comuna.
Supuestamente cuando se dio el allanamiento a la sede tricolor habían empleados que estaban trasegando las bolsas con alimentos con la foto de Perdomo, no obstante estas fueron decomisadas selladas, es decir que no hubo trasiego.
La defensa sostuvo que el Gobierno entregó las bolsas a la municipalidad, a cambio que ésta las repartiera a los habitantes de esta comprensión. Además dijeron al Juez, que fueron llevadas a esta sede porque no tenían espacio en la bodega de la autónoma y porque el producto se estaba venciendo.
Una de las tésis de la defensa y que avaló el juez, fue que siempre se entregaron los alimentos a sus destinatarios.
El Fiscal General, Raúl Melara, dijo el 18 de diciembre que había suficientes elementos que entran en la conducta de peculado.
“Nadie se debe lucrar con los fondos del Estado y en especial aquellos que van destinados para paliar las necesidades de la población de cara a la pandemia”, escribió en redes sociales el jefe del Ministerio Público.
La detención de Perdomo ocurrió el 30 de noviembre pasado cuando asistía a un acto público; sin embargo fue puesto en libertad con medidas durante la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Ilopango.
El Abogado Defensor de Perdomo Carlos Avelar cuestionó que la FGR no fundamentó el cometimiento de delito por parte de Perdomo, desde que presentó el requerimiento y en su lugar, se estableció que no hubo beneficio personal, sino más bien “alzamiento de su imagen pública”.
“En el requerimiento dicen que es Peculado, pero reconocen que no hubo conducta delictiva, empezamos con eso para definir que saben que lo que hizo el Alcalde fue utilizar un mecanismo para ganar imagen, ahí dice en el requerimiento. Otro detalle: no hay valúo y para imponer una pena, estamos hablando que debe haber una tasación que dice la ley, que puede llegar a los $11,000 dólares, porque la cantidad equivale a 100 mil colones, y esta cantidad, según la implicación de la Fiscalía no se ha cuantificado. Y tercero, estamos en un hecho que no constituyó la extracción de bienes de la esfera pública para llevarlos a una esfera particular…lo que digo, es que el Alcalde no lo tomó para su patrimonio, estos alimentos fueron llevados a las comunidades”, profundizó el jurista a la prensa.
“Las bolsas solidarias que eran del Gobierno están intactas, había otras bolsas de la alcaldía que eran propias y otras fueron donadas a la alcaldía, esas estaban siendo manipuladas, digámoslo así”, señaló el abogado defensor de Perdomo, pues indicó que se estaban trasegando productos que estaban a punto de vencerse a otras bolsas.