El 13 de febrero del 2001 será recordado como el día en que El Salvador fue sacudido por un terremoto de gran magnitud, a sólo un mes de haber sido sorprendido por otro sismo que destruyó gran parte del área paracentral del país.
Este sábado se cumplen 20 años del evento, cuya magnitud fue de 6.6 grados Richter y dejó sentir durante 20 segundos su fuerza, la cual dejó 16,752 viviendas dañadas y 44,750 casas destruidas. Asimismo, 315 personas fallecidas, 3,300 heridas y 250 mil damnificados.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sismo ocurrió un martes a las 8:22 de la mañana. Y dejó graves afectaciones en los Departamentos de Cuscatlán, San Vicente y La Paz.
El reporte indica que el epicentro fue localizado en una falla de San Pedro Nonualco, y se situó a una profundidad de 11 kilómetros.
El terremoto ocurrió apenas 30 días después del sismo de 7.7 grados Richter, que golpeó la capital salvadoreña.
Los integrantes de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos conmemoraron el viernes, mediante una jornada de reflexión y concientización la fatal efeméride, pero señalaron que hay una deuda por parte del Estado salvadoreño para garantizar la respuesta inmediata a desastres y resarcir la vulnerabilidad del territorio.
Magdalena Cortez, conversó con La Poderosa y expuso que como país seguimos sin adoptar una cultura de gestión integral de riesgo. “Estamos a 20 años de esta catástrofe, y no se ha generado la discusión desde la esfera gubernamental, privada y política, todavía vemos lugares, más que todo en la zona paracentral, que están siendo urbanizadas; las empresas no están cumpliendo con medidas de seguridad ocupacional, y no hay una ley que tenga a la base la protección de ocupantes de infraestructuras, los desastres naturales no son planeados, surgen y dejan ver lo vulnerable que somos, hacemos énfasis en esto porque seguimos viendo infraestructuras que podrían colapsar”, esgrimió.
Para Adán Martell, también integrante de la Mesa, la gestión de riesgos debe ser de primer orden, y extrapoló el caso de la construcción del proyecto urbanístico Valle El Ángel, en Apopa, que terminará dejando sin agua a seis municipios del Área Metropolitana de San Salvador, a raíz de un permiso que otorgó la cartera de Medio Ambiente.
“Nuestro país tiene un 95% de territorio en situación de riesgo (…) estamos pasando por la situación de Valle El Ángel, a cargo de la familia Dueñas, la construcción implica problemas serios en el abastecimiento de agua de buena parte del territorio de esta zona. Para la mesa de Gestión de Riesgo, es importante el cumplimiento de las normas y leyes, porque tiene que ver con la conservación de la integridad de salvadoreños, es importante, para los políticos que vienen a las Alcaldías y Asamblea Legislativa que sepan que el país vive en constante amenaza natural y por consiguiente, en riesgo social, porque las afectaciones empobrecen más a las víctimas de desastres”, explicó.
