Ex ministro de la defensa llega a tribunales para declarar por las irregularidades en tiendas de centros penales.
Con dinero de tiendas de penales se pagaba inteligencia y contrainteligencia reveló David Munguía Payés
En el anterior proceso, la jueza dijo que «fue posible vislumbrar que nunca actuaron de manera dolosa, es más, el dinero de las ganancias de las tiendas se utilizó para pago de inteligencia, para prevenir ilícitos en los penales, para mejoras de infraestructura y otros».
Mientras que en actos arbitrarios, el tribunal señaló que no habían preceptos que indicaran que el movimiento de recursos constataba un delito penal y lo mantuvieron en un plano administrativo.
El ministerio público apeló diciendo que los juzgadores basaron su decisión en una mala interpretación de las declaraciones de los testigos. Entre tanto, la Cámara ordenó un nuevo juicio y estará a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Cámara anula absolución y ordena nuevo juicio para los ex Directores de Penales acusados de beneficiar mediadores de la tregua
El caso
El Ministerio Público acusa a Rauda y Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, para dar órdenes al personal de la tienda institucional para distribuir sus ganancias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria.
La FGR sostiene que hubo un mal manejo de dinero proveniente de estas tiendas que presuntamente sirvieron para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron y mediaron la tregua entre pandillas, gestada en el Gobierno de Mauricio Funes, en el año 2013.
La defensa de Rauda manifestó que la acusación es una doble persecución, pues el ex funcionario ya había enfrentado otra causa similar en el caso “Tregua I”.
Por su parte la abogada de Hernández, Berta Deleón manifestó en 2019 que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos: “no se establecen montos, ni período de tiempo; es un caso precario y pobre”, aseveró. En aquella ocasión afirmó que no hay evidencias que concreten que hicieron un mal manejo de fondos ya que las tiendas penitenciarias pueden sufragar pagos de inteligencia.
Ambos juristas coinciden en que no fue una decisión “entera de los ex directores”, ya que participan en la toma de decisiones las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Rauda fungió como director desde el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, mientras que Hernández desde junio del 2013 hasta junio del 2017.
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