La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) propuso al gobierno salvadoreño un pliego de reformas a varias leyes que buscan prevenir la corrupción, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas de funcionarios, así como nuevas tipologías para la persecución de delitos contra el patrimonio del Estado.
En un comunicado, la Comisión informó que ha recomendado al Gobierno a llevar a la Asamblea Legislativa un acuerdo marco que permita la instalación oficial de la CICIES en el país y contribuya con investigaciones de casos de corrupción.
Asimismo, sugieren a la nueva legislatura 2021-2024, reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito; Código Penal y Procesal Penal; Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; reforma o derogación a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID; Ley de Ética Gubernamental; y Ley Especial de Extinción de Dominio.
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«Igualmente, recomienda también el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control, hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, y la actualización de leyes que regulen eficazmente la función pública, así como promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, entre otras», reza parte de la misiva de la Comisión.
Adicionalmente, la CICIES recomendó a los Órganos Legislativo y Ejecutivo a continuar su acercamiento e impulsar una modificación al Código Procesal Penal para que esta instancia posea la figura de querellante en los casos de corrupción que se lleven a sede judicial. Y se le permita la participación de representantes de la sociedad civil para futuros proyectos que necesiten de la aritmética del Congreso.
Desde su instalación, la CICIES ha brindado alrededor de 25 asistencias técnicas a la Fiscalía en procesos de alto impacto, mismos que han sido solicitados por el propio jefe del Ministerio Público, Raúl Melara. En ese contexto, el funcionario ha trasladado a la Presidencia 60 recomendaciones de buenas prácticas para el fortalecimiento institucional como resultado del monitoreo especial a los fondos que ejecuta el Estado para atender la pandemia del covid-19.
Hasta el momento, la CICIES ha colaborado con los fiscales en la investigación del esquema de corrupción entorno a la presa El Chaparral en San Miguel; el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, que culminó en allanamientos al Ministerio de Salud; la adjudicación y administración del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana, mejor conocido como SITRAMSS y la asignación del subsidio a transportistas.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa decidió el 15 de febrero enviar expedientes relativos a la Ley Especial para Facilitar el Mandato de la CICIES y reformas al Código Procesal Penal a la Junta Directiva para crear una comisión ad hoc que lo estudie.
De acuerdo con los legisladores, esto permitirá que la CICIES pueda independizarse del Gobierno para sus investigaciones, puesto que se creó en 2019 mediante un acuerdo entre el Estado y OEA.
La CICIES trabaja con el Ejecutivo, según el acuerdo, y puede suscribir cooperación con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República.
Entre las obligaciones atribuidas actuales, debe acompañar y ayudar a la fiscalía en sus investigaciones cuando se le requiera; también trasladar a sede fiscal, toda la información o documentación relacionada con actos de corrupción y notificar a las autoridades las presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios, empleados y autoridades públicas.
No obstante, con la nueva ley que fue propuesta por organizaciones de la sociedad civil en febrero, se otorga a esta instancia una autonomía financiera y “operacional, independiente, objetiva, neutral y transparente”, para ayudar al Estado salvadoreño en la prevención, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción y delitos conexos.
El Índice de Percepción de Corrupción 2020, revela que El Salvador obtuvo una puntuación de 36 en una escala en la que cero es “corrupción elevada” y 100 es “sin corrupción”.
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