El gobierno del presidente Joe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la compleja tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur impulsado por el presidente Joe Biden, hizo la promesa esta semana al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
Today I hosted Guatemala President Giammattei for a virtual meeting. We're working together to address the immediate needs of the Guatemalan people, deliver relief, and deepen cooperation on migration. Over time I'm confident we can build a foundation of hope for a better future. pic.twitter.com/ryXyoCZLEA
— Vice President Kamala Harris (@VP) April 27, 2021
El Presidente Biden ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.
El gobierno de Estados Unidos está enterado de que no será tarea fácil. El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.
«La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. «Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos», agregó.
Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: «Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos».
Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán «lo que sea necesario». A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra a los departamentos de Justicia y de Estado.
«Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción», dejó claro Zúñiga hace pocos días.
Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: «No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras».
La asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.
La inmigración irregular se da principalmente por los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos.
El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.
La vicepresidenta Harris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.
«La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura», indicó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.
El caso de El Salvador no es todavía claro cómo cooperarán ambas naciones, dado que la controversia surgida días atrás a través de las redes sociales entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la única congresista estadounidense de origen centroamericano, Norma Torres, escaló recientemente al punto de que un legislador y un asesor especial Zúñiga afirmaran que habría incurrido Bukele en una supuesta interferencia electoral.
Honduras, otro de los países en la mira de Estados Unidos, atraviesa por la coyuntara dado por la la condena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que dejó en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esbozó el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, según analistas.
«Hay un tema de agenda de geopolítica internacional que trasciende nuestros intereses», dijo Dabroy. Según el experto, Estados Unidos busca mantener la influencia en el territorio y por ello refuerza las relaciones bilaterales y regionales. Está previsto que en junio Harris y Giammattei se reúnan frente a frente.
Fuente VOA.
