El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) dio su resolución sobre una demanda contra el Ministro de Salud, Francisco Alabí, por el contrato que adquirió la empresa INSEMA S.A de C.V (propiedad del ex presidente del FONAES, Jorge Aguilar) con referida cartera, por la provisión de 100,000 caretas de plástico para personal médico por un valor de $250,000, cuando Aguilar aún dirigía –porque fue destituido- la institución encargada de la promoción de reciclaje y conservación ambiental.
Tras conocerse que una empresa vinculada al ex presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), ganó un contrato con el Estado por la venta de insumos médicos al Ministerio de Salud, miembros de la oficina de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación para el Desarrollo, FUNDE, presentaron una denuncia contra el ministro Francisco Alabí.
«Los datos obtenidos en la investigación preliminar no revelan objetivos objetivos que robustezcan los señalamientos efectuados en la denuncia sobre el cometimiento de posibles transgresiones éticas», indicó el TEG en su resolución.
La empresa no tenía impedimento legal para negociar con el Estado, según relata el documento tras los análisis con el representante legal de INSEMA.
A juicio de ALAC, Alabí al firmar el contrato habría incurrido en la transgresión al deber ético de lo indicado en el artículo 5, de la Ley de Ética Gubernamental.
Alabí se encontraba en la obligación, según ALAC, de abstenerse a firmar la orden de compra y tuvo que denunciar a Aguilar ante el TEG, puesto que también violó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que les prohíbe a jefes de administración pública ser proveedores del Estado.
Sin embargo, esto no fue admitido por el Tribunal.
