Por: Redacción YSKL
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se expresó este lunes en relación a la destitución de los cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General el pasado 1 de mayo.
“Un poder judicial justo, imparcial e independiente es esencial para la gobernabilidad democrática que USAID apoya en El Salvador y alrededor del mundo, y una condición previa necesaria para combatir la corrupción y atraer inversiones”, indica un comunicado que difundió el organismo.
En dicha misiva, también se refirieron a su preocupación en torno a la separación de los funcionarios “aparentemente sin una causa”. “Un poder judicial independiente juega un papel fundamental en los sistemas de frenos y contrapesos inherentes a las democracias exitosas”, subrayan.
Por otra parte, la USAID dejó entrever que Estados Unidos ayudará a una nación “dispuesta a permanecer por el camino de la democracia caracterizada por una sociedad civil vibrante, una prensa libre, el respeto de derechos humanos y la separación de poderes”.
USAID has been a steadfast partner of El Salvador in advancing prosperity, security, & democracy. The Legislative Assembly's vote to remove Supreme Court judges & the Attorney General is of grave concern. https://t.co/GAMTBHu9BB
— USAID (@USAID) May 3, 2021
El camino de los pronunciamientos por parte de la comunidad internacional ha resonado tanto, que hasta la Vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris se refirió a este tema.
Utilizando sus redes sociales Harris enfatizó que un poder judicial independiente “es fundamental para una democracia sana y economías fuertes”.
We have deep concerns about El Salvador’s democracy, in light of the National Assembly’s vote to remove constitutional court judges. An independent judiciary is critical to a healthy democracy – and to a strong economy.
— Vice President Kamala Harris (@VP) May 3, 2021
Desde el 24 de marzo Harris prácticamente no ha salido del John F. Kennedy Conference Room (el cuarto de guerra de la Casa Blanca), por el que desfilan los más altos funcionarios del Departamento de Estado, de inteligencia y seguridad nacional, con información sobre México y Centroamérica.
Joe Biden le encargó a Harris resolver el problema de la migración y para ello, pidió al Congreso 861 millones de dólares el próximo año para atender las causas que impulsan la inmigración irregular desde Centroamérica, en el marco de su plan de 4,000 millones de dólares para la región.
Su planteo está incluido en el proyecto de presupuesto que aún debe ser discutido y aprobado por los legisladores.
Harris anunció el 26 de abril que el país enviará 310 millones de dólares adicionales a Centroamérica «para ayuda humanitaria y para abordar la inseguridad alimentaria».
De estos, $255 millones se destinarán a ayuda humanitaria y $55 millones se destinarán a abordar la inseguridad alimentaria en la región; los fondos se entregarían por medio de la USAID.
«A la luz de la terrible situación y el agudo sufrimiento que enfrentan millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras, la vicepresidenta Harris anunció US$ 310 millones adicionales en apoyos del gobierno de Estados Unidos», indica una hoja informativa publicada por la Casa Blanca.
Ni la Casa Blanca o algún otro funcionario han dicho formalmente, si la decisión del Congreso salvadoreño, con separar a los funcionarios del judicial, afectaría la llegada de ayuda humanitaria o fondos de cooperación.
El secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken habló este domingo por teléfono con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, para expresarle la “grave preocupación” de su Gobierno ante la destitución de los funcionarios.
El diplomático señaló que “un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”, aseguró, que esto se lo expuso al mandatario.
En la sesión plenaria del 1 de mayo, los Diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN reunieron 64 votos con los cuales separaron del cargo a Armando Pineda Navas, Carlos Sánchez, Marina Marenco, Carlos Áviles y Aldo Cáder Camilot.
En su lugar, el Congreso nombró a Óscar Alberto López Jerez, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahúm García, José Ángel Pérez Chacón, Elsy Dueñas Lovos.
Los funcionarios se desempeñarán en el cargo hasta el 15 de noviembre del 2027.
Blinken expresó la misma preocupación por la destitución del Fiscal Raúl Melara, “quien lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador”.
Melara fue sustituido por el abogado y ex fiscal Rodolfo Delgado, quien fungirá hasta el 5 de enero del 2022.
