Por: Redacción YSKL
La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, continuó este jueves, la discusión de un proyecto de ley que le permita mejorar las condiciones de los agentes de seguridad privada.
Según lo expresaron movimientos de trabajadores de este rubro, el sector ha contratado a 27,000 personas, sin embargo, las condiciones han sido precarias. Los vigilantes denunciaron desde horarios extendidos, pasando por descuentos por insumos de trabajo y horas laborales, hasta maltratos físicos.
“Son 27,000 agentes de seguridad privada trabajando en las empresas, viene siendo casi el mismo número de personas que la Policía Nacional Civil (PNC). Este prácticamente es un ejército, que está en el territorio, trabajando con empresas privadas, es por ello que es importante que se den todas las condiciones legales, para proteger los derechos de estos trabajadores”, explicó el Diputado Presidente de la Comisión, Edgardo Mulato.
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien se apersonó al seno de la comisión, explicó que han llegado a recibir hasta 5,500 denuncias en este rubro. En parte, lo atribuyó a falta de cumplimiento a la ley y porque además, el Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil “no tutela, este rubro”.
“Con mucha claridad y contundencia lo digo, con base a los análisis de la ley y las denuncias que nos llegan, hemos llegado a una conclusión: quienes más violentan los derechos de trabajadores, son las empresas de seguridad. A pesar que hay una Ley Especial de Seguridad Privada, no hay sanciones ejemplares, y no hay un ente de verificación y control de su funcionamiento”, indicó Castro.
Según dijo el ministro, los vigilantes no tienen días festivos, no reciben permisos por salud y no se les paga la nocturnidad del 25% por rebasar la jornada laboral de 8 horas, tal y como lo mandata la Ley.
En ese sentido, criticó las sanciones económicas que esta legislación especial prevé por transgredir la ley, porque fundamenta “el proteccionismo” de los patronos, debido a que promueven procesos en tribunales de lo Contencioso Administrativo, que terminan en condenas para los inspectores de la cartera de Trabajo que implican condenas económicas y costos procesales.
“Esta ley está diseñada para darle beneficios a las empresas de seguridad. Hemos sancionado a muchas empresas, la multa más fuerte es de $57,14. Si un empleador, de este país, le toca pagar $3,000 en indemnización, y se le sanciona sólo paga $57,14, hay unos que prefieren no pagar la multa y no pagar la indemnización y se va a proceso judicial, la empresa tiene su buffet y el trabajador, como tiene que llevar comida a su hogar, no va a pagar un abogado para enfrentar el caso», expuso.
El ministro de @TrabajoSV @RolandoCastroSv está reunido con Diputados de la Comisión de Trabajo de la @AsambleaSV sobre el tema de las agencias de seguridad. @pachequitoyskl pic.twitter.com/gL9NJ93h2y
— Radio YSKL (@radioyskl) June 10, 2021
Y añadió: «Tenemos un caso de un patrono, que no quiso pagar los $57,14, porque era ‘desproporcional’ a su capital y activo de la empresa, se fue a lo Contencioso Administrativo y condenó a nuestro Director a pagar costos procesales, es decir, la ley le da la razón al empleador”, señaló.
La Diputada de Nuevas Ideas Jannette Molina, se comprometió a apoyar al Ministerio de Trabajo en un proyecto de ley que respalde la labor de los trabajadores de la seguridad privada. «Queremos llegar a un consenso donde a nuestra población se le cuiden sus derechos, no queremos llegar a una confrontación, sino llegar a un acuerdo para que juntos saquemos adelante al país», concluyó.
La Comisión cerró con la convocatoria de representantes de asociaciones de vigilantes privados e independientes, es decir, aquellos que prestan seguridad en barrios, condominios, colonias, mercados y residenciales, por convenio de sus ocupantes. Dichos representantes serán llamados para la próxima semana.
