Por: Redacción YSKL
El Gobierno de El Salvador estaría impulsando una normativa especial, a fin de que las empresas que prestan servicios de seguridad privada, no puedan optar por contrataciones públicas si han sido denunciadas por transgresiones a derechos laborales.
El anuncio lo realizó este jueves, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, en el seno de la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa, a la que fue llamado para brindar sus aportes sobre las regulaciones a este sector.
El funcionario afirmó que, si bien existe una Ley Especial de Seguridad Privada, no tutela los derechos de los trabajadores y, por el contrario, beneficia a las empresas porque no se dan las herramientas legales para imponer sanciones por incumplimiento de la ley y se cae en la reincidencia de las faltas.
“Las empresas de seguridad tienen su propia ley, en esa ley, no se encuentran derechos, es ausente la parte de los derechos de los trabajadores, y es ausente el proceso sancionatorio, lo único que se tiene documentado, es que la Policía otorga permisos de funcionamiento, pero no hay diseño de control del funcionamiento de la ley”, expuso.
El ministro de @TrabajoSV @RolandoCastroSv está reunido con Diputados de la Comisión de Trabajo de la @AsambleaSV sobre el tema de las agencias de seguridad. @pachequitoyskl pic.twitter.com/gL9NJ93h2y
— Radio YSKL (@radioyskl) June 10, 2021
Tras exponer las intransigencias, el Diputado de Nuevas Ideas, Rodil Ayala, preguntó a Castro si había una contrapropuesta para endurecer las sanciones, a medida que el patrono incurra nuevamente en la reincidencia.
Castro respondió que el Ministerio puede cerrar la empresa infractora, pero esto no aplica con las empresas de seguridad porque se amparan bajo una ley especial.
«Lo correcto es que debería una ley que diga, que de llegarse a una falta grave, se suspenda temporalmente, y en caso de reincidencia, de un cierre definitivo, pero la ley no lo contempla», explicó.
El ministro dijo que está terminando un oficio que enviará a todas las instituciones estatales, para que no contraten a las empresas de seguridad, que cometan vulneraciones a los derechos de los vigilantes.
«Las empresas no serán objeto de adjudicación pública, lo estoy haciendo en este momento, lo enviaré a la Asamblea Legislativa y a las instituciones de Gobierno, que toda empresa que vulnere los derechos de los trabajadores no sea subcontratada. Porque entonces, el Estado estaría contribuyendo y fomentando en privilegiar esas empresas, que violan derechos de los trabajadores», respondió.
Y agregó: «Eso es lo más fuerte que hemos podido hacer, porque no tenemos una legislación que nos brinde las facultades para actuar más contundentemente».
De acuerdo a datos del Gobierno, unos 27,000 salvadoreños son empleados en las 434 empresas de seguridad acreditadas en el Centro Nacional de Registros (CNR). El Ministerio de Trabajo ha acumulado al menos, 5,500 denuncias de trabajadores de la seguridad, que acusan a sus patronos de retener salarios, descuentos ilegales y jornadas de trabajo extendidas, en las que no se cumple con el pago de la nocturnidad.
