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Por: Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) promoverá un proceso civil contra los implicados en el desvío de fondos de Taiwán, para los afectados de los terremotos del 2001, aseguró este miércoles el titular del ministerio público, Rodolfo Delgado.
Si bien la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador, anuló en 2019 la acusación contra los principales implicados, el 22 de junio del 2021, notificó a la FGR, que fueron levantadas las medidas cautelares que se impusieron a ex dirigentes del partido ARENA, pues fue a este partido político, según las investigaciones, donde fueron colocados los $10 millones de dólares que donó la nación asiática al país, cuando gobernó el ex Presidente Francisco Flores (1999-2004), ya fallecido.
La FGR, recordó Delgado, ya presentó esta solicitud en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el 29 de julio del 2020 y en ese sentido, el tribunal admitió la acción civil con todos los implicados, con la novedad que también serán acusados los herederos de José Mauricio Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán (administrado por otra junta directiva), ya que es una de las piezas claves en la transferencia de cheques que salieron de la Presidencia de la República al Centro de Estudios Políticos “Pedro Rodríguez Porth”, ligado a ARENA.
“Quiero anunciar que iniciaremos un proceso de naturaleza civil en contra de los bienes del señor José Mauricio Felipe Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán y ya fallecido, lo cual esperamos iniciar el proceso de naturaleza civil contra sus herederos, por el motivo que esta persona estuvo implicada en el cruce de cheques que recibió el Gobierno y canalizó al partido ARENA”, expuso Delgado.
La causa civil inició el año pasado por el antecesor de Delgado, Raúl Melara, en donde afirmó que han pedido la devolución de fondos a todos los imputados.
El 4 de julio de 2019, la Cámara anuló el proceso judicial contra los ex presidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca (este último tomó las riendas de ARENA en 2003, de cara a la campaña presidencial de 2004).
Además, fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balzaretti, Director del Centro de Estudios Políticos (CEP) «Pedro Rodríguez Porth», José Mauricio Samayoa, ex presidente del antiguo Banco Cuscatlán (fallecido) y el ex tesorero de ARENA Juan Tennant Wright.
La exoneración fue gracias a una apelación de la defensa, en la que el principal argumento era que los delitos que se les incoaban, ya habían prescrito.
Melara dijo en una entrevista el año pasado que el proceso irá contra ARENA por «tenerse certificado» que el dinero fue canalizado por Saca, Wright y Balzaretti hasta el CEP, mediante una cuenta bancaria que abrió Samayoa en una sucursal de la entidad bancaria San José, Costa Rica, sin cumplir con los requisitos de la ley antilavado.
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En el proceso judicial se enlista las cuentas que recibieron fondos de Taiwán: “Arena casa por casa”, “Arena Territorial”, “Arena Día D”, “Arena Mítines” y eventos, “Arena San Salvador”, entre otras.
“Según las investigaciones, que constan en el expediente en poder del Órgano Judicial, los $10 millones de las donaciones de Taiwán, fueron depositadas en un banco de Costa Rica, a nombre de una entidad jurídica, denominada Centros de Estudios Políticos (…) y vinculada ideológicamente, con el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, cuyas autoridades procedieron a retirar los fondos en un lapso de seis meses, en los cuales fueron a parar a diferentes rubros de la campaña presidencial de Elías Antonio Saca”, explicó Delgado.
El Fiscal agregó que desde Costa Rica, el dinero atravesó el sistema financiero regional, mediante transferencias cablegráficas y cuya escala concluyó en El Salvador, en el mismo banco que en aquel entonces, era dirigido por Samayoa.
“Por medio de una cuenta que él (Samayoa) creó y manipuló a su antojo los controles en materia de lavado de dinero, este dinero se trasladara finalmente a las cuentas del partido ARENA, siendo esta forma legitimado su origen ilícito”, manifestó el Fiscal General.
El caso
Los fondos, según documentos judiciales, los entregó China-Taiwán a El Salvador, entre octubre del año 2003 y abril del año 2004, para la ejecución de 4 proyectos los cuales no fueron ingresados ni registrados a la Secretaria Técnica del Financiamiento Externo de la Cancillería de la República.
En enero del 2014, Flores enfrentó un interrogatorio en una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa, en donde se limitó a decir que el dinero se entregó a los «destinatarios». Dos años más tarde, fue acusado formalmente por la Fiscalía de Peculado y Enriquecimiento Ilícito; el Juez Séptimo de Instrucción añadió el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y lo envió a juicio, el mismo fue suspendido por el fallecimiento del ex mandatario un año después. El 1 de marzo del 2019, la FGR pidió sobreseimiento definitivo para Flores y Samayoa, no así la responsabilidad civil, que se traduce en la devolución de los fondos defraudados.
En una entrevista televisiva que sostuvo el ex Diputado Norman Quijano, el 15 de septiembre del 2020, aseguró que los fondos que otorgó Taiwán, no eran para los damnificados de los terremotos, sino, una «contribución económica» que la nación insular entregaba a los países que les ofrendaban sus votos en las Naciones Unidas, para obtener el reconocimiento como país soberano de China.
“Ese dinero que vino, no vino para el Gobierno de El Salvador, era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas, y así le pasó a Alfonso Portillo en Guatemala y a no sé a quién (Miguel Ángel Rodríguez) en Costa Rica, porque los Gobiernos de Taiwán acostumbraban darles esos fondos para los desarrollos de los partidos que gobernaba”, afirmó Quijano.
Tanto revuelo causaron las declaraciones del parlamentario tricolor, que Guillermo Gallegos, actual legislador de GANA, pidió crear una Comisión Especial que indagara la mal llamada, «política de chequera», que impulsó Taiwán.
