Por: Redacción YSKL
El Estado salvadoreño debe retomar las medidas necesarias para que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda adecuada, sin importar su situación económica. Esta fue una de las consignas que organizaciones de la sociedad civil expusieron este lunes.
Rosa Chávez de la Plataforma Nacional por el Hábitat, urgió al Gobierno implementar medidas que generen alternativas de vivienda, con énfasis a sectores excluidos y que incluya la seguridad jurídica entre la tenencia de tierra y acceso a servicios básicos.
“El problema de acceso a una vivienda adecuada, no se vive por igual en todo el país, pues son las familias que habitan en los asentamientos humanos precarios esparcidos tanto en las zonas rurales como en las urbanas de nuestro país quienes más sufren esta situación”, explicó.
De acuerdo a datos del INCAE Business School, hasta el 2016 el déficit habitacional en el país ascendió al 91%, esto quiere decir que de cada 100 personas, 91 no cuentan con una vivienda, o poseen una de mala calidad.
Las organizaciones como la Plataforma, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Minima (FUNDASAL); el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) y la Universidad Centroamericana (UCA), llaman a las autoridades a crear –con participación ciudadana- una Ley de Vivienda y Hábitat, que permita acceso a suelo, financiamiento a viviendas de interés social y que garantice la subsanación de déficit de vivienda.
Además, exigen a la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, pues permite los desalojos forzosos y expeditos por medio del uso de la fuerza. Por último, que se reforme la Constitución para establecer el derecho de vivienda adecuada, según norma internacional.
William Murcia de FESPAD señaló que al reconocer constitucionalmente la vivienda, “frenará abusos con leyes secundarias que abran al desalojo. No puede ser que la vivienda se vea como mercancía, tiene que verse como derecho, suplido por el Estado y por ende, nuestra constitución”.
El derecho a vivienda adecuada está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966; y observaciones generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1991, de todos los convenios El Salvador ha suscrito.
