Por: Redacción YSKL
Mario Gómez, el joven que informaba sobre los efectos del Bitcoin en el país y que fue arrestado por la Policía Nacional Civil (PNC), interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por actos arbitrarios y privación de libertad por autoridad pública.
La denuncia penal fue presentada por abogados de Cristosal y la Asociación Azul Originario y tiene como objetivo investigar las actuaciones de la corporación policial, pues el 1 de septiembre del 2021, Gómez fue detenido sin explicación alguna, esposado y llevado a la División Central de Investigaciones (DCI).
Zaira Navas, abogada de Cristosal, afirmó que Gómez no fue informado de las razones de la aprehensión. Además, la PNC no permitió contacto con sus abogados. “Le fueron incautados dos teléfonos de su propiedad sin que se le haya levantado un acta. Esto implica una privación de libertad que se concreta un delito”, afirmó la jurista en las afueras de la sede del ministerio público, en Antiguo Cuscatlán.
Navas consideró que la PNC sólo puede capturar a una persona en el período en flagrancia.
Los juristas dijeron que pondrán a prueba a las instituciones para que den respuesta a esta denuncia. “Es necesario que si hay denuncia contra Mario este momento es cuando la Fiscalía investigue y determine. Nuestro objetivo también es que la Policía deje de realizar actos arbitrarios, detenciones ilegales y perseguir voces disidentes que opinan sobre temas de país, como es el Bitcoin y otras actuaciones del Ejecutivo».
Otto Vásquez de Azul Originario, aseguró que hay suficientes elementos que demuestran que Gómez no tenía orden de captura vigente en la Fiscalía y tampoco se cumplió el proceso de aprehensión e incautación de evidencia conforme al Código Procesal Penal. «Es importante promover estas actividades para mantener a prueba al sistema y sobretodo, hacer entender que todo funcionario está sometido a la ley. La detención no pudo concretarse sin una orden emanada por la Fiscalía y la incautación de bienes se sostiene con un acta, para garantizar la no implantación de pruebas y el proceso legal», subrayó.
Tanto Cristosal como Azul Originario piden al ministerio público establecer responsabilidades penales tanto para los que ordenaron la captura de Gómez y sus ejecutores. Señalaron que las actuaciones de la corporación policial figuran como actos «intimidatorios» y «graves violaciones de derechos» a la libertad, seguridad integral y derechos jurídicos.
Y es que la detención de Gómez se realizó por una investigación de supuesto fraude financiero, «relacionados a correos electrónicos falsos enviados a muchos usuarios del sistema bancario, donde sus estados de cuenta han quedado vulnerados», según indicó la PNC en twitter. Mientras que la Fiscalía descartó una investigación en su contra.
El día de la detención, la madre del informático, Elena de Gómez, quien se encontraba con él al momento que fue intervenido por la policía, aseguró a medios que salían de su hogar en su vehículo, cuando agentes lo detuvieron y le manifestaron que habían «problemas» con el carro por un accidente. Bajo este argumento, lo obligaron a acompañarlos en la patrulla, sin explicar razones de la detención.
«Lo que me pasó demuestra la clase de cosas a las que se expone prácticamente cualquier otro salvadoreño que intente decir la verdad», aseguró Gómez una semana después.
Un día antes, Mario se había pronunciado en sus redes contra la aplicación «Chivo Wallet» que utiliza el Gobierno para las transacciones de bitcoin, también participó en entrevistas televisivas para presentar su punto de vista.
«Voy a seguir dando mi opinión técnica sobre los asuntos relevantes del país porque al igual que todos, mi único deseo es que El Salvador sea un lugar donde cada salvadoreño pueda desarrollar una vida integral, plena y en libertad», agregó en el video.
De acuerdo con el informático, configuró sus redes es «para que ni yo pudiera entrar si alguien me robaba mis dispositivos».
