La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el dictamen de acusación del proceso penal de contratación de la permuta tipo subasta entre el Ministerio de Defensa y la sociedad CENTRUM S.A de C.V, en el caso de defraudación al Estado por más de $2,051,893 en intercambio de armas de fuego en mal estado.
La acusación se presentó ante el Juzgado 5° de Instrucción de San Salvador.
En el proceso se acusa a los exministros de Defensa, David Munguía Payés por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada y Atilio Benítez, así como Gustavo López Davidson, propietario de la sociedad y expresidente de ARENA, y Héctor Abel Herrera Mejía, apoderado legal de referida empresa, por el delito de peculado.
Con este dictamen finalizan las investigaciones del plazo de instrucción y será el juzgado que programe la audiencia preliminar para determinar si los imputados pasan a juicio.
Sobre el caso
Conforme a la acusación de la FGR, los hechos comenzaron en 2011 cuando el entonces Ministro de Defensa, Munguía Payés [en el gobierno de Mauricio Funes], solicitó un informe de reevaluación de armas obsoletas y en mal estado del MDN, en las que se determinaría cuáles podrían ser permutadas; así como un informe del armamento nuevo y usado que no sería tocado.
Posteriormente, fue nombrado como el titular de defensa José Atilio Benítez, quien conformó un directiva que regularía la permuta por subasta y fue en ese momento que se hizo una invitación a seis empresas, entre estas Centrum; el presidente de la comisión era Rafael Melara Rivera, quien fungía como Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de la Fuerza Armada.
Sin embargo, la Fiscalía explicó que una misma persona era la representante de las distintas empresas, que provenía de CENTRUM, luego se notificó un cambio; pero según el requerimiento, los que pasaron a ser representantes de estas, eran empleados de la referida empresa. Solo dos de estas pasaron a la siguiente fase.
Héctor Abel Herrera, era el apoderado legal de Centrum, mismo que presentó una nota a defensa que la otra sociedad no participaría por problemas con Estados Unidos. Ante este cambio, el presidente de la Comisión procedió a notificar al Ministro porque el acuerdo exigía una previa consulta; «Melara avisa que no se debe realizar el intercambio, pero la recomendación es obviada por Atilio Benítez en 2013 y se firma el contrato», indicó el fiscal del caso.
Referida nota está en poder de la FGR, donde aseguran le solicitaron a Melara que la cambiara, «insertando información falsa en un documento que ya había sido emitido».
Ese mismo año, regresa al cargo de Ministro de Defensa Munguía Payés, quien continuó con el proceso, pero además realizó cambios en el contrato.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el titular del MDN modificó la cláusula del contrato en cuanto al periodo de cumplimiento para que la empresa hiciera llegar el armamento, que pasaron de 36 meses [3 años] a 24 meses [2 años]; sin embargo, este cambio sólo podía realizarse mediante justificación, que indican que solo fue «de palabra» que estos estarían a esa fecha.
Al cabo de los 24 meses, los obuses no llegaron al Ministerio, por lo que se amplió el contrato por otros tres meses, Payés genera una nota para autorizarlo, «descubrimos que existe otro oficio de Payés en donde hay un manchón y le pone 10 meses, misma fecha y mismo oficio, dos documentos en las mismas condiciones; en ese contexto vienen los obuses y no se ocupan, se mantienen en resguardo hasta que vence la garantía de fiel cumplimiento», explicaron los fiscales del caso.
Asimismo, hubo otra modificación donde los obuses serían repotenciados; es decir, usados y ya no nuevos como se había acordado. Defensa envió este armamento para ser probado a Israel, pero en su regreso, expresan que no se logró ver el funcionamiento, pues no habían sido utilizados.
Según la FGR, en el intercambio, Defensa incluyó las armas que habían sido catalogadas como nuevas y recibieron unas obsoletas, como el caso de los obuses, que aseveran ya no se encuentran cargamentos para esos modelos.
A los dos exministros de Defensa y a los empresarios se les acusa por defraudar al Estado por más de $2,051,893 en intercambio de armas de fuego en mal estado.
